El senador nacional misionero Luis Viana presentó la semana pasada un proyecto de comunicación donde le solicitó al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación información a lo actuado por la Prefectura Naval Argentina el 16 de enero último, cuando murieron ocho personas en el marco de la 80° edición de la competencia «Cruce del Río Paraná», frente a las costas de Posadas.
En la iniciativa, el legislador justicialista intenta esclarecer una serie de puntos: si la Prefectura autorizó la largada de la competencia; si tenía potestades para suspender o impedir la realización del evento; si para la ocasión se contaba con un plan de contingencias; si la Prefectura Posadas, dependiente de la Prefectura de Zona Alto Paraná, cuenta con los recursos humanos y materiales
suficientes a los fines de asegurar la integridad de los participantes del evento deportivo; la cantidad y tipo de embarcaciones que intervinieron en la seguridad de la competencia; si antes, durante o después de la competencia algún miembro o embarcación la Prefectura Naval Argentina ingresó en aguas jurisdiccionales de la República del Paraguay; si, en relación a la seguridad de los competidores, existió coordinación con las personas que organizaron el evento o con las autoridades navales de la de Paraguay.
En los fundamentos, Viana expresó que el objeto del proyecto no es el de «investigar los hechos y mucho menos establecer las responsabilidades legales de los presuntos responsables, de eso deberá encargarse la justicia. Lo que se busca es tomar conocimiento de cuales fueron las acciones llevadas adelante por la Prefectura Naval Argentina en la tragedia más grande del deporte argentino, en atención que no puede soslayarse el hecho de que gran parte de la población, en especial los competidores que afortunadamente salvaron sus vidas y los familiares de las víctimas, cuestionan el accionar de la Prefectura Naval Argentina en los momentos previos a la competencia, durante el desarrollo de la misma y con posterioridad a la tragedia».
En esa línea, el senador expresó que independientemente de la instrucción judicial que se está llevando a cabo «que a esta altura, pasados seis meses de la tragedia, esta trabada con cuestiones procesales y la única verdad es que hasta ahora no hay nada firme, ni siquiera la competencia del juez actuante ha quedado determinada», es justo que la población conozca los pormenores de las acciones llevadas adelante por la mencionada repartición estatal en la emergencia; los ciudadanos quieren saber qué se hizo bien y qué hizo mal y cuáles fueron las causas; si no se previeron los riegos de la competencia o si la catástrofe superó la capacidad de respuesta de la Prefectura, si la misma cuenta con los hombres y los materiales adecuados para atender a un evento de gran magnitud, etcétera».
La confianza en la Prefectura Naval, la seguridad en el uso del río y la tranquilidad de los deportistas náuticos merece ser preservada, por ello resulta inconveniente esperar el desarrollo del accionar judicial para que se disipen las dudas y sospechas, existiendo este medio para satisfacer las necesidades de respuesta para ésta cámara, que ansía conocer de fondo los hechos y en tal sentido crear los instrumentos legales necesarios para que nunca más vuelva a ocurrir un hecho tan lamentable como el vivido aquel trágico 16 de enero de 2010″, finalizó Viana.