El subsecretario de Tierras, Jaime Ledesma se refirió a las tierras que el Gobierno provincial expropió para destinar a vivienda y tierra de producción de familias y dijo que a cada familia se le cederá hasta 25 hectáreas que deberán ser pagadas. «Según lo establecido por la ley 3141, va a tener un costo la tierra y tendrán que pagar por ella», aclaró.
Ledesma aludió al anuncio que dio ayer el gobernador Maurice Closs sobre la expropiación de 32 mil hectáreas en la zona de Pozo Azul que pertenecían a las empresas Puente Alto, Colonizadora Misionera y Madera Nativa y explicó «a partir de esta toma de posesión de las tierras se inicia un proceso de intervención del Estado a favor de los ocupantes que hoy allí están, con un criterio de distribución de la tierra razonable y sostenible desde lo ambiental y lo productivo».
Asimismo aclaró que las familias que podrán resultar beneficiarias están claramente estipuladas dentro de la ley para evitar la aparición de «especuladores que quieran aprovecharse». Según indicó al respecto, las tierras estarán destinadas únicamente a familias que quieran arraigarse y producir, y en principio se entregarán a aquellas personas que puedan acreditar una presencia en las tierras expropiadas con anterioridad a noviembre de 2001, según lo establecido en la ley.
Además señaló que las tierras que se entregarán no superarán las 25 hectáreas y que deberán ser abonadas de alguna manera. «No se va a entregar a las familias como pretenden a algunos especuladores 100, 150 o 200 hectáreas, se entregará de 25 hectáreas para abajo y tendrán que pagar la tierra según lo establecido la ley 3141», confirmó.
Por otra parte se refirió al caso de desalojo de familias que se encontraban asentadas fuera de las hectáreas destinadas a expropiación y aclaró «para que no se confundan, a la gente que estaba en situación de desalojo lo que se ha trasmitido vía el intendente es la posibilidad de darles una vivienda en un terreno de dos hectáreas o predio de hasta cada 8 o 10 hectáreas, pero no más».
Finalmente manifestó que lo que se intenta hacer desde el Estado es vincular la política de tierras al arraigo, el sentido de pertenencia de las familias, el desarrollo productivo, la consolidación de un desarrollo territorial rural sostenible, la inclusión social y también las garantías que tiene que tener la propiedad privada.