El ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, presentó ante el juez federal Norberto Oyarbide un escrito en el que asume su propia defensa en la causa en la que está imputado por presunta defraudación, entre otros delitos. Schoklender concurrió al tercer piso de los tribunales de Comodoro Py 2002, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde dejó el escrito en la mesa de entradas del tribunal, tras lo cual caminó sólo unos metros hasta el juzgado de María Servini de Cubría donde efectuó otro trámite, indicaron fuentes judiciales.
En el juzgado federal 1, dijeron los informantes, el mayor de los hermanos involucrados en esta causa habría ratificado una denuncia por presunto «incumplimiento de los deberes de funcionario público» contra el abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que fue tenida como querellante en esta causa.
Según Schoklender, el letrado Eduardo Fachal, apoderado de la Fundación, también actúa como funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires lo que generaría una suerte de incompatibilidad.
El ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo asumió su propia defensa luego que sus anteriores letrados, Adrián Tenca y Horacio Pitrau, renunciasen la semana anterior en discrepancia con la postura asumida por su cliente.
Por su parte el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que las denuncias realizadas por el ex apoderado de la fundación Sueños Compartidos, Sergio Schoklender, constituyen «un tema que lo tiene que resolver la justicia» y sobre el que «no tiene que opinarse políticamente».
«No voy a preocuparme en dar explicaciones de lo que no tengo que hacerlo. La Justicia está investigando este tema y, ya lo hemos comentado en un momento, nada tiene que ver el gobierno en esto por razones obvias», aseveró el jefe de ministros en declaraciones formuladas al programa Baires Directo.
Allí, Fernández señaló que «lo que hicieron con el dinero» en la fundación Sueños Compartidos «de la puerta para adentro es un tema que se resuelve en ese marco y que es lo que está investigando el juez», en referencia a Norberto Oyarbide.
Incluso, sostuvo que si se presta atención a «las declaraciones que este personaje (por Schoklender) hace de José López, que es el secretario de Obras Públicas y que es el que pone los puntos respecto de lo que se tiene que cumplir, la forma en que lo agravia está demostrando claramente que el gobierno nunca se relajó a la hora de exigir determinadas cosas por cumplir».
«No tengo nada que contestar; no tengo tiempo que perder», insistió el jefe de Gabinete en la entrevista, en la que, al comienzo, cuando fue consultado sobre las acusaciones que virtió en su contra el ex poderado de Sueños Compartidos, sostuvo que «hay que estar muy loco para prestarle atención» a Schoklender.
«Es un problema de él. Maldición de burro nunca alcanza, decía mi abuela Francisca. No voy a preocuparme en dar explicaciones de lo que no tengo que hacerlo», aseveró el jefe de ministros.
En este sentido, remarcó que «el gobierno contrata y, después de 850 mil soluciones habitacionales, tiene demostrado que no puede pagar sobreprecios, que no puede permitir menos calidad que la requerida y que no puede permitir que exista menos espacio para la construcción de la vivienda que el requerido».
«Si esto está claro y definido, lo que hacemos nosotros es, una vez que se certifica técnicamente cuánta parte de la obra se viene haciendo, se paga. Entonces, yo Estado me quedo con la parte de la obra y le pago al particular, en este caso a las Madres, con lo cual el dinero es de ellos», aseveró.
Por ese motivo, agregó que «lo que hicieron con el dinero de la puerta para adentro es un tema que se resuelve en ese marco y que es lo que está investigando el juez», por lo cual «no es un tema de los funcionarios».
«Nosotros sabemos muy bien lo que hicimos, tenemos muy claro adónde estamos yendo con cada una de las acciones que llevamos a la práctica y cómo se cumplen estos objetivos. Insisto, llevamos hechas 850 mil soluciones habitacionales y estamos hablando de 4 mil viviendas. Imagínese que algún derecho tenemos a decir lo que estamos diciendo», sostuvo el funcionario.
En este marco, insistió con que «hay un juez interviniendo en la causa» y que, por ende, «el juez es el que marca los tiempos y resuelve lo que tiene en la mano y demuestra si esas pruebas tienen importancia o no».
«No es un tema del que tenga que opinarse políticamente. Yo no tengo nada que decir y tiene que resolverse en ese ámbito (en la Justicia)», reiteró el jefe de Gabinete en la entrevista.