La representante del Estado en Papel Prensa, Beatriz Paglieri, aseguró que en esa empresa «existió una apropiación de la propiedad, de la mayoría y de la libertad de expresión» y denunció que «hubo un acuerdo entre el poder económico y la dictadura militar».
Paglieri dijo además en una entrevista con el diario Buenos Aires Económico (BAE) que «hubo un acuerdo de sindicalización firmado entre Clarín y La Nación, para paralizar a las minorías, entre las que estaba el Estado Nacional».
El Estado es socio minoritario con el 27%, mientras que Clarín y La Nación, juntos, tienen el 73% de las acciones de Papel Prensa.
Paglieri explicó que «hay un hilo conductor que está caracterizado por la apropiación de la propiedad que ocurre durante la dictadura, que se hace en condiciones que han violentado el derecho de expresar la voluntad entre hombres libres puede ejercerse el comercio, y esta norma universal fue violentada porque las personas estaban presas o desaparecidas».
«Hubo una apropiación de la propiedad de la empresa en el marco de un acuerdo entre el poder económico y la dictadura militar», completó la representante del Estado en Papel Prensa.
Paglieri señaló que «hay una segunda etapa, que culmina en los `90, donde la empresa se apropia de la mayoría» y «de 30 mil accionistas pasaron a tener cuatro, y tres de ellos por el capital conformado por Clarín y La Nación y las empresas relacionadas Los Andes de Mendoza y La Voz del Interior».
Paglieri contó que aquellos accionistas «han expresado en las asambleas que no tenían ningún poder de negociación en la empresa» y refirió que «en ese desgaste que duró años, que algunos accionistas fueron permaneciendo, han tenido que vender sin este poder de negociación de sus acciones».
En cuanto a la situación judicial en que se encuentra la causa de Papel Prensa, Paglieri señaló que «el Poder Ejecutivo actuó por la resolución número 1 de enero de 2010, que propone que todos los que compren por encima de una tonelada accedan a las mismas condiciones, y el precio tiene que estar determinado por el mayor comprador, que en este caso es Clarín».
«La resolución fue cuestionada por la empresa y está en la Justicia en una instancia en la que la Cámara determinó que los procedimientos son los correctos y ahora se tendrá que expedir sobre la cuestión de fondo», completó.