La Comisión de Legislación General de la Legislatura provincial emitió dictamen favorable para el proyecto de ley del diputado Alberto Tito Alvarez, mediante el cual se propone suspender por 180 días las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto ordenar el desalojo de los inmuebles destinados a vivienda única y familiar. De obtener sanción, la medida sería aplicada en predios urbanos, sean fiscales o privados, en los casos en los que el demandado tenga una posesión superior a ocho años.
También se propone suspender por igual término las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto ordenar el remate de los inmuebles destinados a vivienda única y familiar, entendiendo como tal a aquella de uso permanente que constituya el domicilio real del grupo familiar en predios urbanos.
En los fundamentos del proyecto, el autor señala que la iniciativa apunta a «hacer realidad el principio de igualdad ante la ley, permitiendo que quien por desconocimiento o falta de asistencia jurídica a llegado al borde del desahucio, cuente con el tiempo necesario no solo para acreditar extremos legales que resulten beneficiosos en resguardo de su derecho, sino también lograr que la solución definitiva al problema resulte un verdadero remedio y no llegue cuando miles de familias queden en la calle».
Asimismo, la comisión continuó el estudio del proyecto de ley del diputado Joaquín Sánchez para que la provincia adhiera a la Ley Nacional Nº 25.854 de creación de un Registro único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
Para el análisis de la propuesta, fue invitado el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, con la intención de conocer la postura de ese poder del Estado, que sería la autoridad aplicación de la ley y tendría la facultad de dictar normas conducentes al funcionamiento del mencionado registro.
El autor de la iniciativa explica en los fundamentos de su propuesta que la Ley 25.854, promulgada el 6 de enero del 2004, junto con la Ley 26.061 de protección integral de niñas, niños y adolescentes, promulgada el 21 de octubre del año 2005, «complementan la ley provincial Nº 4523 que establece y regula el procedimiento aplicable a los trámites de guardas con fines de adopción, con la que se pretende la defensa de los derechos de los niños y sus madres como así mismo el mantenimiento de la identidad misionera y que busca evitar que se cometan irregularidades al momento de la realización de trámites de guarda con fines de adopción siendo esta una política de estado destinada a proteger a la niñez misionera manteniendo las raíces y culturas».