Mediante un informe la comisión de escuchas ilegales de la Legislatura Provincial se confirmó que el diputado Diego Sartori también fue escuchado de forma ilegal por orden del destituido juez José Luis Rey. El informe además da más detalles del escándalo que involucra a Mauricio Macri. La investigación tiene más de mil folios. El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rovira presentó un proyecto para reformar del Código de Procedimientos para evitar el uso indebido de las escuchas telefónicas.
Sartori dijo que por orden del ex juez José Luis Rey fue intervenida la línea perteneciente a una empresa familiar en Posadas. El legislador, que forma parte de la comisión investigadora, manifestó que «alguien tendrá que explicar porqué lo hizo y en qué marco».
En tanto el presidente de la Legislatura Carlos Rovira destacó la labor «silenciosa, sin estridencias de politiquerías y con resultados» de la Comisión Parlamentaria de Seguimiento de las Escuchas Ilegales y anunció la presentación de un proyecto de ley destinado a corregir prácticas y, fundamentalmente, evitar en el futuro la repetición de estos actos que violentan el derecho de las personas a su privacidad.
Dijo que, en tal sentido, «·debe tomar intervención el Superior Tribunal de Justicia que deberá tener a su disposición un registro de las escuchas o intervenciones electrónicas que se decidan con el propósito de esclarecer algún delito, con el número de expediente y carátula. Pero además se deberá establecer un tiempo para evitar como sucedía que se prolonguen en el tiempo indebidamente. Asimismo deberá existir un registro sobre la actividad que en este orden desarrolla la Policía, el que a su vez deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio de Gobierno. De modo que estos dos Poderes del Estado estén sabiendo qué acciones se llevan adelante en una cuestión tan delicada».
Rovira dijo «felicitar» a la comisión por el trabajo cumplido «y la oportunidad de su creación, todo lo que no hace más que revitalizar el rol insustituible del Parlamento en el resguardo de los derechos de las personas que, como en este caso habían sido conculcados.
Por eso y «para tranquilidad de miles de familias misioneras, para que estos hechos no vuelvan a repetirse hemos querido hacer aportes para corregir el Código de Procedimientos en lo Penal que ha sido permisivo, a finde facilitar la labor de la justicia para que esto no vuelva a suceder».
Dijo que presentaba un proyecto de su autoría «para ser debatido en comisión y luego, ya con dictamen, en el recinto, en el que también se involucra a la superestructura de la Justicia. El Superior Tribunal de Justicia tiene que tener injerencia directa, coherente y explícita, establecida por ley. Deberá crearse un registro permanente al que los jueces de Instrucción deberán remitir un listado mensual de todas las actuaciones que involucren escuchas».
Añadió que, igualmente, «la fuerza policial deberá informar al Ministerio de Gobierno y éste al Ejecutivo provincial, de modo que dos Poderes del estado estén en conocimiento. Porque es inconcebible que en una democracia los tres Poderes actúen descoordinadamente. Será éste entonces un antecedente más que válido para solucionar situaciones de este tipo».
Volvió después a destacar «el rol del diputado misionero que ha trabajado con seriedad, no ha hecho politiquería no acciones grandilocuentes. Se ha trabajado recorriendo un camino destinado a dar soluciones al problema. Para nosotros era ésta una obligación política, como diputados. Obligación con la que hemos cumplido y que completamos con la presentación de este proyecto de ley.
«Para que, por un lado se acote a lo estrictamente necesario para esclarecer un delito, que justifique la intervención con escuchas o por otros medios electrónicos, determinándose la carátula del expediente, con identificación de quien la pide. Y fundamentalmente se establezca un tiempo de permanencia de esa acción», añadió.
Rovira dijo que esas estipulaciones tienen por propósito el que «no vuelva a ocurrir que con el argumento de un supuesto delito se inmiscuyan en la vida privada, en la actividad económica, en la vida pasional de innumerables personas de la provincia y el país». Y destacó que el proyecto de ley busca superar deficiencias para no quedarse sólo con lo identificado en el seguimiento de las escuchas realizado.