La explicación es en relación al esquema de sobornos instalado durante su primer gobierno, conocido como «mensalao», por el que fueron condenados políticos, legisladores y empresarios. El procurador general de Brasil, Roberto Gurgel, negó que hubiera ordenado investigar la presunta participación del ex presidente Luiz Lula Da Silva en el esquema de sobornos instalado durante su primer gobierno, conocido como mensalao, y por el que fueron condenados políticos, legisladores y empresarios.
A través de un comunicado, el procurador desmintió la versión del diario O Estado de S. Paulo, en el que se aseguró que el representante del Ministerio Público había decidido abrir una investigación sobre las denuncias del empresario Marcos Valerio, uno de los 25 condenados por el mensalao, quien afirmó que Lula estaba al tanto de la red de sobornos y hasta habría recibido algún dinero.
Gurgel «todavía no inició el análisis de las declaraciones de Marcos Valerio», sentenciado a 40 años de prisión, destaca el comunicado, según difundieron las agencias de noticias EFE y DPA.
Por lo tanto, no hay ninguna decisión en lo referente a una investigación posible del caso, indica la nota de la Procuraduría, que desmiente una información aparecida en el rotativo, el cual -sin mencionar fuentes- señala que Gurgel habría decidido abrir una pesquisa contra Lula.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) desestimó los pronunciamientos de Valerio y alertó que se trata de una maniobra montada para conseguir una rebaja de pena y desprestigiar al ex mandatario.
Mensalao es el nombre con el que se conoce a la red de recaudación ilegal de recursos, la mayor parte proveniente de organismos públicos, armada por el PT desde 2002, caso que terminó de juzgar en diciembre el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) en el llamado «juicio del siglo».
El alto tribunal consideró probado que la red sirvió para financiar campañas del PT y para sobornar a dirigentes de cuatro partidos políticos a cambio de su apoyo en el Congreso a proyectos del Ejecutivo encabezado por Lula.
El entonces jefe de Gabinete y hombre de mayor confianza de Lula, José Dirceu, fue considerado por el STF como el cabecilla de esta red y sentenciado a casi once años de prisión.
