La juez de instrucción Wilma López procesó en la noche del jueves, con prisión preventiva, al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, por el crimen de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero asesinado de un balazo durante una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca el 20 de octubre último. 
López acusó a Pedraza como «instigador», figura que también le aplicó a su segundo, Juan Carlos «Gallego» Fernández, procesado con preventiva al igual que el delegado Claudio Alcorcel, quien quedó imputado como «partícipe necesario», según el fallo al que accedió Télam.
López los acusó del «homicidio calificado» de Ferreyra, y de otras tres tentativas de homicidio, durante lo que para la Justicia fue un ataque de una «patota» de la UF a trabajadores para evitar un corte de vías en el barrio porteño de Barracas.
Para la juez «la real finalidad fue asegurar el poder económico y político» que Pedraza y Fernández «ostentan como máximas autoridades del gremio ferroviario», según la resolución emitida esta noche.
En cuanto a Pedraza, entendió que está en el gremio desde 1994 y que consolidó un poder «empresarial» con vínculos en compañías tercerizadas, y por eso no quería la incorporacion a la planta permanente de trabajadores que revistaba en esa condición y podían oponerse a la conducción del gremio.
En cuanto a las pruebas, la juez se basó en las comunicaciones telefónicas mantenidas ese día por todos los involucrados, al momento de los incidentes en el corte de vías.
«El statu quo de Pedraza» se veía amenazado en el gremio con el ingreso de personal que no le reportaba «fidelidad política».
Ese día se buscó «aleccionar» a los manifestantes «para que no corten vías» y cesen con sus reclamos, y en ese marco Pedraza y Fernández «aceptaron que un grupo fuera armado y disparara contra los manifestantes», apuntó la juez.
A través de los delegados «incitaron al resto de los procesados para que agredan y expulsen a los manifestantes», añadió la magistrada en el fallo.
En cuanto a Alcorcel, señaló que fue quien permitió que llegaran al lugar el ya procesado y detenido Cristian Favale, y otros ajenos a la Unión Ferroviaria para sumarse al grupo, armados, y comenzar a disparar a los manifestantes «consumando así la verdadera finalidad» de Pedraza y Fernández.
Para la juez, Pedraza y Fernández daban instrucciones a los delegados sobre lo que ocurría en la protesta por vía telefónica, desde un congreso al que ambos asistían en ese momento organizado por la revista Rieles.
Para la magistrada ambos dirigentes dieron instrucciones para «aleccionar a cualquier costo» a los tercerizados y luego siguieron en detalle la desconcentración del grupo agresor autor del ilícito.