La justicia chilena investigará por primera vez las circunstancias de la muerte del presidente Salvador Allende, fallecido durante el golpe militar que ejecutó en su contra Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, informaron fuentes judiciales. El presidente Allende murió de un disparo mientras el Palacio de La Moneda -sede de gobierno- era bombardeado por la Fuerza Aérea, en un cruento golpe de Estado que terminó instalando al dictador Pinochet en el poder durante los siguientes 17 años.
Una autopsia determinó que Allende se suicidó con un fusil que le había regalado el presidente cubano, Fidel Castro, una versión que ha sido aceptada históricamente aunque los resultados forenses siguen siendo cuestionados por algunos sectores políticos y de derechos humanos.
«Se tendrá que ver si hubo o no suicidio y en qué circunstancias», explicó este jueves a la AFP una fuente del poder judicial, que requirió anonimato.
Allende fue un marxista que llegó al poder en 1970 tras ganar de manera estrecha en las elecciones y terminó derrocado por fuerzas conservadoras que consideraron que su mensaje de «Chile hacia el socialismo» podría convertir el país en un Estado comunista bajo la égida de Moscú.
Ahora la justicia chilena quiere investigar su caso junto con otros 725 casos de violaciones a los derechos humanos en el régimen de Pinochet que nunca fueron vistos por la justicia.
Allende «no tiene causa dentro del poder judicial», explicó este jueves la fiscal Beatriz Pedrals, quien presentó querella por la muerte del presidente y por otros 725 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990) que nunca fueron investigados.
El juez Mario Carroza, quien se encargará de las investigaciones, dijo que «es una responsabilidad tremenda» la tarea que le espera.
«Todo aquel elemento, testigo, documento, antecedente que sea necesario al cual recurrir, obviamente lo haré», añadió.
La portavoz de gobierno Ena Von Baer, aseguró que el gobierno respeta «todas las decisiones de los tribunales y como Gobierno creemos que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen».
«Lo que no se investigó, la justicia lo investigará», señaló Pedrals, quien expresó la voluntad de la justicia de «judicializar todo lo ocurrido».
«Verdad y justicia sigue siendo un pendiente en Chile, y cualquier iniciativa para que se haga verdad siempre será bien recibida por nosotros», declaró por su parte el presidente del Partido Socialista de Chile, Osvaldo Andrade, tienda política a la que perteneció Allende.
La noticia fue bienvenida por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuya presidenta Lorena Pizarro calificó de «potente señal a los otros poderes del Estado».
«Ningún crimen se debe dejar sin investigar. Estamos hablando de más de 700 casos que nunca se han investigado, y que se incluya a Allende hace que cobre una fuerza mayor», dijo Pizarro a la AFP.
Según Pizarro, muchas familias presentaron acciones judiciales pero la justicia no llegó a investigarlas todas, por lo que el respaldo del poder judicial asegura que todas sean revisadas.
Pedrals explicó que las querellas comprenden casos de detenidos desaparecidos y fallecidos «sean por las razones que sean», como por ejemplo, personas que fallecieron por una bala perdida en una manifestación.
Unas 3.000 personas murieron o desaparecieron a manos de la dictadura de Augusto Pinochet. A la fecha, 560 militares están procesados por esos crímenes.
El año pasado el presidente Sebastián Piñera rechazó una controvertida propuesta de la Iglesia Católica para incluir en un indulto a miembros de las fuerzas militares que cometieron violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Pinochet.