El gobierno español aprobó por decreto la reforma laboral que busca flexibilizar las condiciones de trabajo, en el marco de la serie de medidas implementadas para paliar la profunda crisis económica que vive España. La reforma laboral ya fue rechazada por las dos principales centrales sindicales -Comisiones Obreras (CC.OO) y Unión General de Trabajadores (UGT)- que convocaron a una huelga general para el próximo 29 de septiembre.
El objetivo de la reforma es «reducir la temporalidad excesiva» que existe en España y fomentar los contratos indefinidos, aseguró en rueda de prensa la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del consejo de ministros que la aprobó, informó la agencia de noticias DPA.
Entre otras medidas, busca desalentar los contratos temporales a cambio de reducir los costos de los despidos y los aportes patronales, además de un recorte del gasto público y el congelamiento de salarios estatales.
La aprobación por decreto se produce casi una semana después de que fracasase el último intento por pactarla con sindicatos y empresarios y al día siguiente de que los sindicatos fijasen la fecha para la huelga general contra la medida.
No obstante, tras su convalidación en el Congreso de los Diputados, para lo que el Ejecutivo está buscando apoyos entre los bloques parlamentarios, se tramitará como proyecto de ley en el Parlamento, lo que permitirá hacer modificaciones al texto.
«Hemos buscado el consenso y aunque el texto no contiene la rúbrica de los agentes sociales (empleados públicos), sí incluye sus peticiones», aseguró la vicepresidenta primera del Ejecutivo.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defendió por su parte la necesidad de esta reforma del mercado laboral español, que calificó de «sustancial». «Es una de las más importantes que se han acometido en nuestro país en los últimos años», dijo.
Sin embargo, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, no descartaron «convencer» a los bloques parlamentarios de que el decreto sobre reforma laboral es un «atropello inútil» que no hará sino «empeorar» la situación de la economía.
«A partir de hoy la pelota va a estar en el tejado de los grupos parlamentarios», indicó Méndez antes participar en la presentación de la declaración `Una respuesta social y progresista a la crisis`, para después señalar que «el Parlamento es ahora el protagonista», según informó la agencia de noticias Europa Press.
Por su parte, Toxo instó a los grupos a «rechazar sin dudas» el decreto del Gobierno y así evitar su convalidación el próximo 22 de junio, «por el bien de España y el de su economía».
Méndez añadió sus dudas sobre la intención de algunos partidos políticos ya que, subrayó, «hay quien piensa que lo peor aún hay que empeorarlo más y quien piensa que se debe corregir».
La reforma laboral es, junto al plan de ahorro del gasto público, una de las medidas del gobierno del Partidos Socialista (PSOE) para hacer frente a la crisis económica y la debilidad de las finanzas que afecta a toda Europa y en particular a España.
Por eso ayer, las dos centrales sindicales confirmaron en conjunto la fecha de la huelga general, la primera medida de este tipo contra el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero desde su llegada al poder en 2004.
La última huelga general fue en 2002, durante el mandato de José María Aznar, del conservador Partido Popular (PP).
La fecha de la huelga general se eligió porque ese día habrá una movilización sindical europea contra los planes de recortes que se están aplicando en todo el continente, señalaron fuentes de ambas centrales sindicales españolas.
El proyecto de reforma laboral del Ejecutivo del PSOE pretende impulsar el empleo en un momento en que la desocupación, duplicada durante la crisis, alcanza el 20% de la población activa, algo más de 4 millones de personas.