El acuartelamiento de un grupo de efectivos policiales en el interior del Comando Radioeléctrico de Posadas, capital de Misiones, se dio tras el rechazo de un recurso de amparo presentado ante un juzgado civil por parte de un grupo de integrantes de la fuerza de seguridad que reviste en situación de disponibilidad tras el intento de formalizar un sindicato del sector.
Similar presentación también fue rechazada en el Inadi. En la noche del martes los cinco policías que fueron separados del servicio activo consiguieron el apoyo de poco más de un centenar de policías y todos juntos se encerraron en la sede de avenida Uruguay y Félix Bogado desde donde hicieron conocer los reclamos -cuestiones salariales y otras vinculadas específicamente al rubro- pero sin tomar contacto con el jefe de Polícía, comisario general, Benjamín Roa, quien se apersonó en el lugar.
También estuvo el subsecretario de Seguridad, Julio Lenzken, y el juez de Instrucción Nº 2, en turno, César Yaya. Los tres coincidieron que lo único a ser considerado estaría referido a la temática salarial. «La sindicalización es inviable e ilegal», apuntó el titular de la Jefatura.
La misma opinión tiene respecto al pedido de 2 mil pesos de sueldo básico. El funcionario del área de Gobierno, en tanto, lamentó que muchos de los que se plegaron a la medida hayan sido engañados de buena fe. Y el magistrado, a su vez, reclamó iniciar el diálogo deponiendo la medida de fuerza. Llamó la atención, o quizás no tanto, la presencia de políticos merodeando la zona.
Marcelo Rodríguez, abogado de los policías rebeldes, dijo que habían convocado a un contador para corroborar si con un básico de 2.000 pesos se llega a un sueldo de 11 mil, sumando adicionales, como planteó el jefe de la Policía.
Admitió que, si así fuera, «es exagerado» pedir una cifra de esa índole. Estimó en cambio que la petición podría rondar los 6-7 mil pesos de sueldo «de bolsillo».
Confirmó que la protesta se mantiene en espera de una propuesta oficial, al tiempo que elaboraban otro planteo salarial para efectuar a las autoridades, a primera hora de este jueves. Dijo que hay versiones que el Gobernador podría hacer anuncios salariales para la Policía el lunes próximo.
Por lo demás comentó que el acuartelamientos e mantiene «en forma pacífica, sin incidentes».
En tanto una comisión de cinco manifestantes se reunía la noche del miércoles con el Gobierno Provincial para negociar por el conflicto que se suscitó anoche con la Policía.
Noelia Balguenet, esposa de un policía, recordó que hace años que reclaman salarios así como la formación de un sindicato. Justamente en el escrito de los acuartelados se identifican como empleados públicos y como tales con el derecho a huelga de la Constitución.
Los movimientos de protestas de años anteriores fueron apoyados por la oposición. En la noche del martes los primeros en llegar al lugar fueron el dirigente camionero Adolfo Velázquez, el diputado Luis Pastori y concejal Hernán Damiani.
El servicio policial está garantizado, pero resentido Definió el juez de Instrucción César Yaya, calificando de grave el hecho que haya un par de autobombas sumadas al acuartelamiento policial.
«Nadie se puede arrogar no prestar un servicio esencial del que dependen vidas de la comunidad. El hospital no puede parar, por ejemplo», explicó en declaraciones exclusivas a . Dijo que mantiene su condición de magistrado de Instrucción, no es mediador y acudió a la sede del Comando Radioeléctrico a pedido de los acuartelados. Manifestó estar dispuesto a colaborar en todo cuanto esté a su alcance pero declinó hacer público por ahora, lo que le plantearon los acuartelados y lo que les respondió.
El juez Yaya dice que no es mediador en el conflicto policial y pide deponer actitudes rebeldes para conversar
Yaya recordó que una organización como la fuerza policial no puede apelar a cualquier tipo de medida porque resulta perjudicial para todos. Convino en que también saben los que mantienen la protesta que en el régimen especial que rige la actividad policial se contempla, inclusive, la pérdida del cargo por acciones de esta índole. No obstante, recordó que las cuestiones disciplinarias están en la esfera de la propia conducción de la fuerza, así como del Ministerio de Gobierno. En tanto al Juzgado de Instrucción cabe analizar si se cometió delito y si caben sanciones penales.
El jefe de la Policía de Misiones, comisario general Benjamín Roa dijo que el Gobernador y el Ministro de Gobierno están preocupados por la seguridad pública en la ciudad de Posadas, donde están acuartelados poco más de 200 efectivos. «Pero en el resto de la Provincia y en la ciudad capital en general está garantizado el servicio policial», indicó Roa. Observó que un pedido de básico de 2.000 pesos es inaplicable porque llevaría el salario a los 8 y 11 mil pesos mensuales, con la sumatoria de adicionales por lo que es «imposible de sostener».
Dijo que hay cinco policías sumariados por haber pretendido crear un sindicato que es ilegal porque no está previsto en la ley, indicando que «están confundiendo al personal y a la familia policial, cuando lo incluyen en el petitorio». Roa manifestó que «lo único que se admite en la Policía y el Gobierno es el reclamo salarial, si se abren al diálogo, pero no otras cuestiones». Comentó también que un comisario sumariado por haber agredido a un vecino en estado de ebriedad, igualmente se encuentra conduciendo la protesta.
Pero también aseguró que «no vamos a ejercer violencia contra ellos. Son colegas y esperamos que todo concluya con normalidad», tras admitir que dentro del Comando Radioeléctrico hay armas. Abogó por una resolución pacífica del conflicto y pidió «cordura y conciencia para que el diálogo llegue a buen término, para tratar la cuestión salarial, exclusivamente».
Manifestó que toda la cuestión disciplinaria de los rebeldes se tratará después y se buscará «la mejor manera de solucionarla».
