Funcionarios del gobierno paraguayo encabezados por el presidente Federico Franco y el representante de la transnacional anglo-australiana Rio Tinto Alcan Juan Pazos suscribieron este viernes en Asunción un «preacuerdo» para la instalación de una planta productora de aluminio. El negocio extractivo es fuertemente cuestionado por organizaciones sociales y ambientalistas porque carece de estudio de impacto ambiental y concede amplios beneficios a la transnacional, entre ellos la provisión de energía subsidiada por el Estado.
El gobierno paraguayo autorizó por decreto el inicio de las negociaciones con la transnacional Río Tinto Alcán para la instalación de una planta productora de aluminio electrointensiva, argumentando que el negocio beneficiará al país con la creación de empleos, el aumento de la recaudación impositiva y el desarrollo de infraestructura.
Después de varios meses de silencio, el gobierno de Franco reanudó semanas atrás las negociaciones con la multinacional, pero los detalles aún son desconocidos porque las tratativas se manejan en secreto, situación que ha motivado el repudio generalizado de organizaciones sociales, partidos de izquierda e incluso aliados del gobierno como el presidente del Senado Jorge Oviedo.
Los activistas denunciaron la aceleración impresionante del proyecto a favor de la transnacional después de la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo en junio de 2012. Esa vinculación política con el golpe parlamentario orquestado por los partidos tradicionales de derecha es la que le dio a la campaña nacional el denominativo de NO al golpe de Río Tinto Alcán.
La multinacional enfrenta una verdadera movilización popular en su contra. Las organizaciones sociales rechazan su llegada basándose en juicios de los especialistas y también en la propia historia de la empresa que fue procesada judicialmente en varios países por los perjuicios ocasionados al medio ambiente.
La transnacional anglo-australiana es la tercera compañía en importancia de la minería mundial, es conocida como la sexta empresa más contaminante del mundo y tiene procesos abiertos en tribunales de Estados Unidos, Papua y Nueva Guinea, Canadá y la República Popular China.
La campaña nacional NO al golpe de Río Tinto Alcán esgrime muchas razones para rechazar el proyecto extractivo negociado por el gobierno de Franco. En primer lugar, los manifestantes de izquierda y defensores del medio ambiente cuestionan el carácter secreto de las negociaciones y la negativa del Ejecutivo a informar claramente sobre los detalles de la concesión minera. El extremo hermetismo ha sido criticado incluso por medios de prensa pro gubernamentales y por el presidente del Senado aliado del oficialismo.
En segundo lugar, los activistas objetan los descomunales privilegios y facilidades concedidas a Rio Tinto, entre ellas beneficios aduanales para la importación de equipos, tarifas eléctricas preferenciales subsidiadas por el Estado, mano de obra a bajo costo, un favorable régimen de maquila, y amplias prerrogativas productivas sin cumplir requisitos medioambientales mínimos.
Según un estudio técnico realizado por el ingeniero civil Francisco Scorza, la planta de Río Tinto Alcán, que se instalará en una zona del país aún en secreto, transformará lumia en aluminio, un proceso que tendrá un desastroso impacto ambiental.
La lumia es aluminio más oxígeno y en el proceso de separación, el oxígeno se combina con el carbono, transformándose en anhídrido carbónico a un volumen de 3.100 toneladas diarias, según lo planificado por la transnacional canadiense. Eso significa un volumen de gas de efecto invernadero emitido a la atmósfera equivalente al gas emanado por 380 mil vehículos en funcionamiento, precisó la ex viceministra de Minas y Energía Mercedes Canese.
Citando el estudio de Scorza, Canese advirtió que la industria emitirá también diariamente toneladas de anhídrido sulfúrico, residuo de la calcinación de petróleo, y de óxido de azufre, que combinados con el ozono y el agua desatarán verdaderas tormentas de lluvia ácida sobre enormes extensiones de terreno. Varios estudios han demostrado que esa lluvia nociva puede recorrer cientos y hasta miles de kilómetros, afectando a cualquier zona del país.
Además de estos peligros para la tierra, las vías fluviales y las poblaciones, a Canese le preocupa seriamente el subsidio gubernamental de la energía que consumirá Rio Tinto. La multinacional siempre estuvo interesada en aprovechar la energía producida por la hidroeléctrica binacional Itaipú, considerada la segunda mayor del mundo.
Se estima que Rio Tinto consumirá 9.600 GW/H de energía eléctrica por año, lo que equivale al consumo anual aproximado de todo Paraguay. Mercedes Canese y el experto Ricardo Canese coincidieron en que la procesadora de aluminio requerirá de 1.100 a 1.600 megavatios de potencia suministrados por una línea de transmisión independiente, financiada por el Mercosur y concebida inicialmente para abastecer el consumo del país.
El costo de la energía que la planta necesitará en forma constante es de 70 dólares por megawatt hora, pero la multinacional quiere pagar apenas 38 dólares. Río Tinto solicita una tarifa subsidiada durante al menos 30 años, que al final de cuentas sería subvencionada por la población. Si Paraguay no puede comprar energía más barata que a 150 o 200 dólares el MW/h, eso es lo que le tiene que cobrar a Rio Tinto, enfatizó Ricardo Canese.
El experto calculó en 14 mil millones de dólares la pérdida de Paraguay si concede un contrato de 30 años con subsidio. Además, recordó que la industria nacional utiliza 1.500 GW/H por año y emplea a 320 mil personas en forma directa, mientras que Rio Tinto propone generar apenas 1.200 puestos laborales directos.
Movimientos sociales impedirán la instalación de la planta
Desde hace varios meses se registran movilizaciones masivas de rechazo al proyecto extractivista, no solo en Asunción, sino también en las ciudades de Encarnación, Itapúa y Ciudad del Este. De acuerdo con la comisión organizadora de la protesta, paraguayos residentes en Buenos Aires, París y Madrid organizaron plantones para manifestar su repudio.
El 28 de noviembre se cumplió una nueva jornada de movilizaciones en Paraguay, Argentina y Francia, tras el anuncio del gobierno paraguayo de reanudar negociaciones con la multinacional anglo-australiana. Ese día se reportaron protestas en las ciudades de Asunción, Encarnación, Curuguaty y Ciudad de Este, y también en Buenos Aires, Madrid y París.
Pese al repudio ciudadano, y soslayando la ola de protestas, el 21 de diciembre el gobierno paraguayo suscribió el primer acuerdo para la instalación de la multinacional Río Tinto Alcán, y el presidente Franco calificó de «antipatriotas» a quienes se oponen al negocio extractivo.
El Memorándum de Entendimiento suscrito entre la República del Paraguay y Rio Tinto Alcan Inc. (RTA) con respecto al desarrollo de un Parque Industrial en Conjunto con el Proyecto de una posible Planta de Aluminio Primario fue negociado en los últimos cuatro años. El gobierno paraguayo ha expresado su deseo de maximizar el beneficio económico y el empleo de derivados del desarrollo de dicha Planta, y ha decidido que simultáneamente se desarrolle un Parque Industrial adyacente cuya ancla sea la Planta.
El Ejecutivo y RTA han comunicado las potenciales oportunidades de negocios impulsadas por la Planta, a otras industrias, para poner a prueba el interés en ubicarse en el Parque Industrial. En base a esto, unas 16 empresas, principalmente del sector de fabricación de derivados de aluminio, han expresado su interés en ubicarse en el Parque Industrial en el caso de que la Planta sea construida.
Paraguay ha llegado a la conclusión de que el proyecto de la Planta solo continuaría con un Parque Industrial asociado que atraería a negocios asociados al aluminio (proveedores de bienes y servicios y procesadores) como también otras industrias. El Parque Industrial estaría localizado en un puerto navegable en el Río Paraná o adyacente al mismo.
El ministro de Industria y Comercio Francisco Rivas aseguró que solo se firmó un compromiso para la instalación de Río Tinto en un parque industrial junto a otras firmas, mientras que el viceministro de Industria y Comercio Diego Zavala explicó que el documento firmado solo conlleva la continuación de tratativas para llevar adelante el proyecto.
Sin embargo, los manifestantes acusaron al Ejecutivo de mentir con el fin de frenar las protestas populares y advirtieron que radicalizarán la movilización e impedirán la instalación de la planta de Río Tinto.