El lunes comenzaron los alegatos en el cuarto juicio oral por crímenes de lesa humanidad en Misiones. Son juzgados cinco ex policías, imputados por delitos cometidos en tres centros clandestinos de detención. Los querellantes representantes del Estado nacional y provincial y la fiscal coincidieron en pedir una pena de 25 años de prisión para Carlos Omar Herrero (80), jefe de la Policía de Misiones en el inicio de la última dictadura y Felipe Giménez (75), ex jefe de la dirección de Informaciones, como autor y coautor de privaciones ilegítimas de la libertad, sin orden judicial contra dirigentes políticos, uso de violencia, amenazas y tormentos en 42 hechos y cuatro violaciones contra Susana Benedetti, Graciela Franzen, María Silvia Coutuné y Nilda Frield.
Quedó claro que en la Jefatura de Policía funcionó un centro clandestino de detención. Así lo señaló la titular del Ministerio Público Vivian Barboza indicando que por esa razón pidió las máximas condenas para el entonces jefe de Policía, el teniente coronel Herrero «traído especialmente por el Ejército a Misiones para hacerse cargo de la Policía y el comisario mayor Giménez, que fue jefe de la Dirección de Investigaciones, por ser ambos autores mediatos de numerosos hechos» de lesa humanidad. También penas de prisión para los otros imputados si bien menores «porque tenían menor jerarquía».
Por lo demás la fiscal dijo que no iba a permitir que fuera amedrentados ni ella ni los demás miembros del ministerio público por familiares de los acusados, como ocurrió en la mañana de este lunes por el hermano de uno de ellos. «nosotros no tenemos cuestiones personales con los acusados, cumplimos un rol que nos asigna la justicia. En mi caso es la Nación la que me ha designado para actuar como fiscal. Podemos entender que haya en familiares sentimientos encontrados, pero no vamos a permitir que se nos amedrente», indicó.
Asimismo, pidieron 15 años de prisión para el médico Roque Mendoza -quien está acusado de «supervisar las torturas»- por ser considerado partícipe primario de los mismos delitos, además de privación y tormentos. Por Julio Amarilla, ex agente de Informaciones, pidieron 20 años de prisión por partícipe necesario de privaciones y tormentos contra políticos y para Carlos Pombo, también ex agente de Informaciones, 15 años por privación ilegítima de la libertad agravada ilegítima y tormentos agravados por persecución política. En todos los casos, solicitaron que las condenas sean cumplidas en cárceles comunes, por la gravedad de los hechos.
En dos alegatos bien extensos, la querella de la Provincia, ejercida por Juan Martínez y la Nación, a cargo de Rafael Pereyra Pigerl, apuntaron a que los cinco ex funcionarios policiales que están siendo juzgados por delitos de Lesa humanidad como torturas, violaciones, privaciones legitimas de la libertad en alrededor de 40 personas, son los culpables y que los testimonios de las víctimas y las pruebas que hay bastan para condenarlos. La sentencia se podría dar a conocer mañana mientras que hoy está previsto que den sus alegatos los defensores de los imputados.
En primer turno expuso sus alegatos el querellante por Misiones, Juan Martínez, quien pidió las penas máximas para los imputados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Jefatura de Policía durante la dictadura militar. En este sentido, lo que se le pide a los jueces encargados de dictaminar la sentencia, Rubén Quiñónez, Eduardo Belforte y Norberto Rubén Giménez, es que Carlos Herrero, jefe de Policía desde junio hasta noviembre de 1976 que sea penado con 25 años de prisión por encontrarlo autor de los hechos con características de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad y violación a las mujeres que eran recluidas en un centro clandestino de tortura que funcionaba en el departamento de Informaciones de la fuerza de seguridad provincial. La misma cantidad de años pidió para Felipe Giménez, responsable de aquel sector policial y por ende coautor de los mismos hechos, a quien además en su legajo se encontró felicitaciones del mandamás del momento de la fuerza de seguridad por su desempeño en la institución, lo que da por hecho que se sabía perfectamente lo que pasaban con las personas recluidas.
En el caso del médico de la institución, Guillermo Roque Mendoza, que ingresó como oficial y por sus conocimientos en medicina, se hizo cargo del sector de servicios sociales en donde habitualmente están los galenos y enfermeros de la policía. Al parecer y según los alegatos de la querella, Mendoza certificaba si el torturado podía seguir resistiendo los aberrantes castigos a los que era sometido, como ser picaneado con artefactos eléctricos y golpes de todo tipo y abusos sexuales en caso de las mujeres.
Para Julio Amarilla, agente de Policía y con prestación de servicio en la Dirección de Informaciones, pidieron 15 años de prisión por partícipe necesario de tormentos agravados mientras que a Pombo, de la misma jerarquía, lo consideraron como un gran torturador, a tal punto que en los momentos que no jugaba al fútbol en Atlético Posadas y había decidido ser Policía, nadie sabía lo que realmente hacía.
Este martes es el turno para la defensa de los imputados de exponer sus alegatos y la sentencia podría conocerse este martes mismo. Entre los defensores, se encuentran los abogados Edgardo Ortellado en el caso de Roque Mendoza y Alberto Kuhle para la defensa de Carlos Pombo.
En este juicio, que comenzó el 21 de marzo se juzgan crímenes cometidos en el Departamento de Informaciones, el Destacamento policial conocido como Casita de Mártires y la Casita del Rowing, todos centros clandestinos de detención dependientes de la policía de Misiones. Este es el cuarto juicio por memoria, verdad y justicia que se realiza en Misiones.
