El juez de Instrucción Nº 6, Ricardo Balor, le impuso una orden de restricción a Daniel Vargas, Carlos Correa y Alfredo Almirón, principales referentes de la protesta que hace siete días mantiene interrumpido el tránsito sobre el puente Posadas – Encarnación. Los dirigentes no pueden acercarse a menos de 500 metros del piquete. Desafiante, Vargas aseguró que no liberarán el puente aunque la Justicia así lo haya ordenado. Este jueves las agrupaciones podrían realizar cortes de ruta en otros sectores de Posadas.
Poco después de las 13 del martes, Vargas, acusado de desobedecer una orden judicial y su abogado, Martín Arjol, se presentaron a la indagatoria a la que lo había convocado el juez. A la salida de dicha reunión, Arjol dijo que Vargas «declaró a través de una indagatoria y el juez le impuso una restricción de acercarse al puente, que es solo para él. Recién mañana (por hoy) voy a poder tener contacto con el expediente».
Explicó que su cliente está acusado de desobedecer una orden judicial para desalojar el puente, medida que fuera dictada por el mencionado juez el viernes último. «Por ahora, Vargas sigue con su libertad, pero sujeto a la resolución del juez», indicó.
Por la noche del martes la Justicia también notificó a otros dos cabecillas de la protesta, Carlos Correa y Alfredo Almirón, para someterlos a un proceso judicial similar al de Vargas, y restringirles la proximidad a la protesta.
En tanto la delegada de Migraciones de Misiones, Miriam Bösch de Sartori explicó que «tanto Gendarmería como la Justicia Federal no pueden actuar porque el piquete está en territorio provincial, en este caso tiene que actuar la Policía provincial». «Esto es un problema muy grande, la gente que transita diariamente es muy perjudicada», sostuvo.
En esa línea manifestó que «esto es una barbaridad, porque más que un puente de tránsito turístico tenemos tránsito vecinal, es terrible el daño que hacen» dijo. Indicó que durante todos estos días el personal de Migraciones realizó su trabajo normalmente.
También dijo que «las autoridades nacionales saben lo que está pasando, porque es nuestro deber avisarles ni bien se produce cualquier tipo de corte» explicó.
Al hacer referencia al tema el diputado Eduardo Morales Lezica, presidente del bloque renovador en la Cámara de Diputados de Misiones, sostuvo que es una actitud criticable transformar un planteo local en un conflicto internacional, especialmente cuando se tiene en cuenta algunos detalles, como que el asesor del grupo es el presidente del comité Comunal de la UCR.
«Sería lamentable que en pos de intereses político-partidarios mezquinos se ponga en jaque el interés colectivo, siempre debe primar el bien común. En relación a los reclamos laborales debemos recordar que el estado no puede otorgar mano de obra directa para ello cuenta con distintas herramientas, entre ellas las cooperativas de trabajo» Dijo Lezica.
El presidente del bloque renovador de la Cámara de Diputados, concluyó afirmando que los reclamos deben realizarse por los canales correspondientes, lo que en éste caso no se respetó porque termina siendo un corte contra el pueblo, afectando los lazos con el vecino país.