La Unión de Docentes de la Provincia de Misiones estima que hacen falta 24 mil docentes en la Provincia. Pero en el Consejo de Educación se paga a más de 27 mil, con cerca de dos millones de pesos de más por mes. Los docentes autoconvocados aseguran que hay más de 900 cargos fantasmas. El 1 de Mayo el gobernador Maurice Closs lo planteó como uno de los dilemas a resolver. La información apareció en un medio digital de noticias y apunta directamente al corazón del CGE.
La información señala que «los sectores docentes más enfrentados coinciden en que el Consejo genera una sangría de recursos que se pueden destinar a mejorar salarios o infraestructura educativa. La Unión de Docentes de la Provincia de Misiones sostiene que se pagan cerca de dos mil sueldos más de los que hacen falta por unos dos millones de pesos mensuales y los docentes autoconvocados -que hicieron de las rutas su lugar habitual-, denuncian que hay más de 900 cargos de ñoquis que pertenecen a familiares o amigos de directivos o supervisores. Aquí las denuncias se cruzan, porque mientras el gremio más representativo apunta a licencias mal otorgadas, como el caso de Rubén Ortiz y otros dirigentes piqueteros que carecen de representación legal para tener licencias como gremialistas, éstos apuntan a la agrupación Adomis como la generadora de cargos fantasmas en las escuelas.
Pero coinciden en que es el Consejo el principal organismo a revisar, ya que de ahí salen las autorizaciones de licencias o la creación de cargos. También apuntan a «la falta de autoridad» que tiene hoy el presidente del organismo, Fernando Dasso, que permite la generalización de un descontrol que deriva en la multiplicidad de irregularidades.
En cuanto a los cargos creados, aseguran que faltan informes de sustentabilidad, pedidos de las supervisiones y en muchos casos, números inflados de alumnos para generar la necesidad de un nuevo docente.
Según cálculos de la UDPM, por el crecimiento de la matrícula y la apertura de nuevas escuelas en los últimos años, Misiones necesita poco más de 24 mil docentes, a los que debería sumarse mil más para cubrir suplencias normales. En cambio, el Consejo paga sueldos a una plantilla estimada en 27 mil docentes.
Al ser un organismo de la Constitución, el Consejo tiene autonomía financiera y puede decidir la creación de cargos o habilitación de nuevas escuelas. Pero es el Gobierno el que debe pagar los sueldos de los cargos que se crean. Pese a ser el más apuntado por las críticas, el actual presidente, Fernando Dasso, se excusó de hablar ante cronistas de este diario.
En el Consejo, en tanto, las distintas reparticiones tampoco dan precisiones sobre la forma de repartir cargos. Por eso, la UDPM propondrá la creación de un digesto de normas educativas, porque «salen disposiciones, resoluciones que se contraponen» gracias a la enorme cantidad de disposiciones suplementarias que contienen las normas. «Con la ley de trámites administrativos y el estatuto, la creación de cargos debería funcionar como un relojito», afirmó Stella Maris Leverberg, autora de la iniciativa.
Las denuncias de irregularidades en nombramientos de cargos docentes, de designaciones de personas sin títulos habilitantes, afectaciones poco claras siguen apareciendo en diferentes puntos de la provincia.
Entre las principales irregularidades se destacan las afectaciones, los cargos docentes de personas sin título habilitante y designaciones arbitrarias. Cientos de docentes prestan débito laboral en lugares que van desde ONG, municipalidades, sedes de Adomis, Cámara de Representantes y en las mismas dependencias del Consejo General de Educación.
Según los docentes autoconvocados, la resolución 907/11 del Consejo, da cuenta de 42 personas, con título y sin título docente, a quienes se les permitió cumplir débito laboral en la Junta de Clasificación y Disciplina. Muchos de ellos nunca prestaron real servicio en esa dependencia.
«La lista continua, pero lo que más preocupa a los docentes es que estas resoluciones son venas abiertas que desangran el presupuesto educativo ya que sólo esta resolución -la 907/11- le cuesta al Estado alrededor de 250.000 mensuales, es decir unos tres millones de pesos, según las proyecciones que se pudieron hacer».
Se destacan cargos fantasmas de funcionarios que cumplen tareas en el mismo Consejo. El más llamativo de todos es el de Carmen Mabel Barberau, vocal de Hacienda del Consejo, quien no trabajaría allí.
Los autoconvocados también denunciaron a la recientemente reelecta intendente de Santo Pipó, Mabel Cáceres, quien «se encuentra cobrando como directora de segunda de Escuela Especial en la Escuela CUE 9071, que según la página oficial del CGE corresponde a un PPAEBA – Programa provincial de Alfabetización de escolaridad básica- con domicilio en la localidad de San Ignacio.
Aunque Cáceres no quiso hablar del tema, Celina Cuba, directora a cargo, explicó que cuando asumió en el Concejo Deliberante pidió licencia por el cargo de maestra y cuando ascendió a la intendencia pidió licencia sin goce de haberes por el cargo de vicedirectora a cargo de la escuela, por lo que no cobraría doble sueldo.
Los autoconvocados apuntaron además que detectaron por lo menos tres cargos docentes más afectados a la municipalidad de Santo Pipó. «Hace años tienen débito laboral en la municipalidad generando doble gasto y desangrando el presupuesto educativo», remarcaron.
En el Bolp 33 de General Urquiza se detectaron once cargos fantasmas, docentes que figuraban cobrando por esa escuela, con el adicional de zona correspondiente, sin haber nunca cumplido funciones allí. En estas irregularidades, señalan los docentes, estarían involucrados directamente varios cargos jerárquicos. «El caso del Bolp 33 es muy gráfico de cómo la vía jerárquica a través de la cual debería elevarse el reclamo, en condiciones normales, está fuertemente viciada», apuntaron los autoconvocados.
UDPM aporta más datos a la cadena de irregularidades y a diferencia de los autoconvocados, hasta avaló presentaciones a la Justicia con varios casos. La denunciada en este caso es María Luisa Glum, directora de Enseñanza EGB y Regímenes Especiales del Consejo, quien habría designado o propuesto para el ejercicio de la docencia a personas que no reúnen los requisitos, como Matías Muños, en la escuela 148 de Oberá y Johanna Valeria Muños, en la misma escuela. Los hermanos no prestan servicios en esa escuela, pero cobran sus salarios. La joven cobra 2.700,78 pesos y su hermano, 5.637,44 pesos.
Asimismo, desde la UDPM también señalan a las licencias otorgadas por el Consejo con especial énfasis en las gremiales, que favorecen a sus rivales internos en el sector docente. Por ejemplo, Rubén Ortiz, el piquetero y frustrado candidato a intendente, quien goza de una licencia como gremialista, pese a que la CTA no es un gremio reconocido jurídicamente. Además, las elecciones de la CTA fueron denunciadas como fraudulentas y deben volver a realizarse en Misiones.
La UDPM presentó una nota dirigida al presidente del Consejo, Fernando Dasso en donde pide explicaciones sobre la existencia de licencias gremiales otorgadas, por el organismo a personal dependiente del CGE que de ningún modo poseen una representación sindical legal y legítimamente obtenida. Ortiz cobra sin trabajar 6.251 pesos gracias a la licencia denunciada como irregular, al igual que la de Carlos Kociubczyk, quien cobra 10.989 o Hilda Lescaffette, que alcanza a 8.484 pesos. Mónica Gurina, percibe 4.964 pesos y reconoció que no tiene descuentos por licencia gremial. Ninguno de ellos, según la UDPM, debería estar de licencia, ya que pertenecen a la Comisión Ejecutiva de la CTA, entidad que no tiene personería gremial ni ámbito de representación en el sector docente. En todo caso, deberían ser licenciados, pero sin goce de haberes o ganar las elecciones de UDPM, el sindicato reconocido.