Según el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, la mejora se debió a que el gobierno argentino está haciendo «esfuerzos significativos» para cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de este flagelo. Citó las primeras condenas bajo la ley anti-tráfico humano de 2008 y el perfeccionamiento de los mecanismos gubernamentales para identificar y cuidar a las víctimas de este abuso.
El país mejoró sus acciones para combatir el tráfico ilegal humano mientras que las condiciones en República Dominicana empeoraron, considera el Informe anual sobre el Tráfico de Personas hecho público hoy por el Departamento de Estado norteamericano.
De acuerdo con el reporte anual citado por un cable de Dpa, que este año cumple su décimo aniversario y por primera vez incluye al propio Estados Unidos, un total de 12,3 millones de personas -adultos y niños- son víctimas en todo el mundo de algún tipo de tráfico ilegal humano.
El Departamento de Estado considera tres categorías para evaluar la acción de un total de 177 países contra el tráfico de personas: la 1 comprende a aquellos que cumplen totalmente con el Acta de Protección de las Víctimas del Tráfico Humano (TVPA, por sus siglas en inglés).
La noticia positiva la da Argentina, que hasta el año pasado estaba en la «lista de observación», un paso intermedio entre la categoría 3 y la segunda y que ahora figura en esta última.
La mejora argentina a ojos de Estados Unidos se debió a que su gobierno está haciendo «esfuerzos significativos» para cumplir con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas, entre otros logrando el año pasado las primeras condenas bajo la ley anti-tráfico humano de 2008 y mejorando los mecanismos gubernamentales para identificar y cuidar a las víctimas de este abuso.
Colombia es el único país de América Latina que, un año más, está incluida en esta primera categoría.
La 2, donde se sitúan la mayoría de los países de la región, considera a aquellos gobiernos que no cumplen con los estándares mínimos de la TVPA pero que hacen «esfuerzos significativos» para alcanzarlos.
La tercera y última categoría comprende a aquellas naciones que no sólo no tomaron las medidas adecuadas para detener la circulación del tráfico humano sino que además sus gobiernos no hacen «esfuerzos significativos» para cambiar esta tendencia.
A esta última categoría se unió este año República Dominicana que, junto con Cuba, es el único país de la región incluida en esta la lista negra del informe.
El Departamento de Estado justificó esta bajada de categoría de República Dominicana al considerar que su gobierno no ha hecho ningún esfuerzo para combatir el tráfico humano.
En este sentido, el informe destaca que el gobierno «no ha encarcelado a ningún acusado de tráfico humano» desde 2007, entre los cuales, subraya, están incluidos «funcionarios posiblemente cómplices» de esta práctica.
De hecho, indica, las autoridades dominicanas «sólo confirmaron una nueva investigación» durante el año pasado y «no confirmaron ningún nuevo proceso o encarcelabiento por trabajo o prostitución forzada», las dos formas más habituales de tráfico humano.
Asimismo, el informe considera que los resultados en los campos de protección de víctimas y prevención de tráfico de personas también fueron «limitados».
De este modo República Dominicana comparte la peor categoría que Cuba, a la que el informe acusa una vez más de no combatir de forma eficiente el tráfico ilegal humano.
Cuba es considerada principalmente como un país fuente de «niños sometidos a tráfico humano, especialmente para la explotación sexual comercial» dentro de la isla.
Pero asimismo el reporte destaca el caso de algunos «profesionales de la medicina», indicando que si bien algunos de ellos aseguran que sus «misiones» en el extranjero son voluntarias y bien pagadas, otros aseguran que sus servicios son usados como un «pago» de las «deudas del gobierno cubano» a los países a los que son enviados, y que sus pasaportes fueron «retenidos» durante el periodo que duró su estancia en el extranjero.
Como «paso positivo», el informe inicia que el gobierno cubano «compartió información sobre el tráfico humano y sus esfuerzos para atajar este problema», pero a la vez subraya que el ejecutivo de la isla «no prohibió» todas las formas de esta lacra ni proporcionó «pruebas específicas» de que ha perseguido judicialmente estos delitos.
Un año más, el gobierno cubano «restringió la capacidad de las ONGs domésticas e internacionales para operar en Cuba» y, si bien «siguió financiando dos centros que tratan a niños víctimas de abusos sexuales, no proporcionó información sobre quiénes reciben tratamiento» en dichas instituciones.
Además, agrega, el gobierno cubano «no hizo ningún esfuerzo conocido para reducir la demanda de comercio sexual».
En este sentido, el informe destaca que si bien el gobierno cubano ha negado que tenga un problema de turismo sexual infantil, «a la par prohibió la entrada a clubes nocturnos de menores de 16 años» y «entrenó a trabajadores de hoteles y otros funcionarios de la industria turística para saber identificar y reportar a potenciales turistsa sexuales».