El juez federal Norberto Oyarbide deberá determinar a partir de este miércoles, cuando se reanude la actividad judicial, si cita a prestar declaración indagatoria al ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, y a su hermano Pablo, entre otras seis decenas de imputados, tal como se lo solicitó el fiscal Jorge Di Lello.
El 27 de diciembre último, una de las últimas jornadas previas a la «feria judicial» que este martes concluye, el representante del ministerio público le presentó a Oyarbide un dictamen de más de 190 carillas donde detalla el distinto grado de responsabilidad que tendrían los involucrados en las maniobras que significaron una defraudación al Estado del orden de los 50 millones de pesos.
En esa extensa presentación, Di Lello efectuó un reconocimiento a las Madres de Plaza de Mayo, a quienes calificó como «institución famosa y muy prestigiosa, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por su heroica defensa de los derechos humanos durante la sangrienta dictadura militar, que usurpó el gobierno de la Nación Argentina entre los años 1976 a 1983».
El fiscal explicó que en la causa se investiga «un cuantioso desvío o pérdida de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales para ciudadanos de humilde condición económica» del que intervinieron los apoderados de la Fundación «y un grupo de empleados, en connivencia con terceros», quienes «direccionaban esos fondos hacia las empresas Meldorek SA y Antártica Argentina SA, entre otras».
Esas empresas, reseñó Di Lello, «no brindaban ninguna contraprestación por el ingreso de ese dinero, lo que habilitaba la libre disposición del mismo por parte de estas personas, como también de terceros beneficiados, formándose un amplio entramado de sociedades y personas que detentaban los cargos gerenciales, o simplemente eran socios, utilizando dichas sociedades para instrumentar un blanqueo de los fondos públicos de origen ilícito».
Respecto de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, la calificó como «uno de los principales símbolos de la lucha por la vigencia de los derechos humanos en la Argentina».
El fiscal la eximió de responsabilidad «penal» aunque reconoció que deberá responder «civilmente» por haber otorgado a los imputados -junto a Juana Meller de Pargament-, «un amplísimo poder general de administración y disposición que le permitió ejecutar todas las maniobras que deseó para llevar a cabo las diversas conductas delictivas».
Di Lello explicó entonces que «por la identidad de las personas involucradas y/o afectadas, por la naturaleza de las instituciones que comprende y por el marco público en el que se desarrolló; estos hechos despliegan sus efectos a las contiendas políticas y económicas que se producen en la vida democrática del país».
«Por eso, sin ignorar que este fenómeno es inevitable y habitual en sociedades democráticas como la nuestra, corresponde que esta magistratura, en todo cuanto sea posible, desagregue esos efectos de los jurídicos», enfatizó, circunscribiendo su análisis a las eventuales figuras penales investigadas y sus posibles autores.
El fiscal también afirmó que «existe un gran cúmulo de probanzas como para sospechar que los imputados componen una asociación ilícita dedicada a cometer determinados delitos, comenzando con defraudaciones por administración infiel en perjuicio de la administración pública».