El juez español Baltasar Garzón afirmó que tenía la obligación de investigar los crímenes del franquismo porque «miles de personas aún siguen desaparecidas» en España, al defenderse ante el Tribunal Supremo, que ordenó seguir adelante con el juicio en su contra por esta decisión.
El juicio contra Garzón, que enfrenta un pedido de 20 años de inhabilitación, se reanudó después de que el Tribunal Supremo anunciara su decisión de rechazar, por 4 votos a favor y 3 en contra, el pedido de la Fiscalía y la defensa del magistrado de que el procesamiento sea archivado.
La decisión del Tribunal Supremo llama poderosamente la atención, ya que es infrecuente que no den cabida a un pedido coincidente de Fiscalía y defensa, las que el pasado martes plantearon la invalidez de las acusaciones de las organizaciones Manos Limpias y Libertad e Identidad.
Estas organizaciones ultraderechistas denuncian a Garzón de prevaricato, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta por declararse competente en 2008 para investigar los crímenes del franquismo.
Además, cuestionaron la imparcialidad del juez instructor Luciano Varela, por haber ayudado a corregir las acusaciones contra Garzón, cometiendo una ilegalidad, y solicitaron la aplicación de la llamada «doctrina Botín», que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la Fiscalía no acusa.
Al reanudarse el juicio, Garzón se negó a responder a las preguntas de la acusación, a la que deslegitimó, pero fue interrogado por su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, y el Fiscal Luis Navajo.
Desde el banquillo de los acusados, Garzón afirmó que asumió el caso del franquismo basándose la doctrina del propio Tribunal Supremo sobre el juicio al represor argentino Adolfo Sclingo, único condenado en España por crímenes de lesa humanidad.
También sostuvo que en su actuación siguió «los mismos criterios» que aplicó al ordenar la detención del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, decisión con la que obtuvo reconocimiento internacional.
«No hice nada distinto en el caso del franquismo que en el de Pinochet o Argentina», subrayó el magistrado.
Garzón, mundialmente famoso por perseguir a violadores de derechos humanos aplicando el principio de justicia universal, dijo que durante el franquismo existió «un plan sistemático de eliminación de personas» e insistió en que «miles aún siguen desaparecidas».
Según argumentó el magistrado, se declaró competente para investigar los crímenes cometidos en España entre 1936 y 1951 porque se trata de delitos en el marco de crímenes contra la humanidad que no han prescripto.
«El delito de desaparición de personas es permanente y se sigue cometiendo», sostuvo y negó haber ignorado la ley española de Amnistía de 1977 porque ésta «se refería a delitos políticos y los crímenes contra la humanidad no lo son».
En la misma línea rechazó haber pasado por alto la Ley de Memoria Histórica que no abordó el tema del enjuiciamiento de los responsables del franquismo-, porque dijo que actuó en el «plano penal» y «las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y la reparación».
Garzón defendió también su coherencia declararse competente y, una vez comprobado que los principales responsables de la represión franquista estaban muertos como el caso del general Francisco Franco-, se inhibió a favor de los juzgados territoriales para que sean ellos los que investigaran el destino de más de 160.000 víctimas.
El proceso continuará mañana con la declaración de testigos de la defensa. Será la primera vez que familiares o víctimas de la dictadura franquista comparezcan en España ante un tribunal.
En tanto, Garzón, quien afronta dos juicios en su contra en el Supremo por prevaricato y se encuentra a las puertas de otro por cohecho, volvió a ser recibido en el tribunal por un grupo de simpatizantes al grito de «Garzón, amigo, el pueblo está contigo».
«Tenemos memoria, queremos justicia» o «Fosas cerradas, heridas abiertas» eran algunas de las consignas que coreaban los manifestantes, que el pasado domingo mostraron su apoyo en una multitudinaria marcha en Madrid.
El magistrado espera ya sentencia por su primer juicio, en el que afronta un pedido de 17 años de inhabilitación por haber autorizado escuchas telefónicas, supuestamente ilegales, entre los principales imputados en la trama de corrupción y lavado de dinero Gürtel, ligada al gobernante Partido Popular (PP).
Un solo día de condena significaría el final de su carrera judicial.
Además de esta causa y la del franquismo, Garzón fue imputado la semana pasada por un delito de cohecho impropio por una financiación que solicitó al Banco Santander y otras entidades y empresas españolas para unos cursos que dictó en Nueva York entre 2005 y 2006.