“No más impunidad. Como dijo el presidente Javier Milei es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los Genocidas. Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces”, planteó en su cuenta de X, durante la noche del pasado sábado.
En el descargo, la diputada detalló la creación de varios grupos de WhatsApp para avanzar en medidas que beneficiaran a militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1976, luego de que la Cámara de Casación anulara las libertades condicionales a Horacio Losito y Rafael Barreiro, y la excarcelación de Juan Carlos Rolón.
Según describe en dos extensos hilos, «todo se inició con un grupo de WhatsApp que se creó en febrero y se llamó ‘Comida informal con el Padre Javier’, con una foto de perfil del libro ‘El Pacto’”, comenzó a explicar Arrieta.
En la misma línea, continuó y enumeró diputados: “Me agregó el propio Ravasi el 23 de febrero y me dio la bienvenida. Entré porque en ese grupo ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo”.
En el marco del intercambio virtual, el cura convocó a una “reunión informa y reservada por tema proyecto milit” que se habría realizado el 14 de marzo en la calle Montevideo 871, en la Ciudad de Buenos Aires, y solicitó que los asistentes confirmaran asistencia.
Al pedido, respondieron asegurando su presencia los diputados Alida Ferreyra, Beltrán Benedit, Celeste Ponce, Carlos Zapata, los abogados Laura Olea, Ricardo Saint Jean y el ex juez de Casación Eduardo Riggi. Si bien Arrieta aceptó la invitación, no asistió, pero aportó información sobre la llegada de Olea, Sain Jean, Alida Ferreyra, María Emilia Orozco, Santiago Santurio y Guillermo Montenegro.
Sin más detalles del intercambio presencial, Arrieta expuso que la abogada Laura Olea compartió en el grupo documentos en los que detallaba medidas para imponer un “plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal”. También el cura Ravasi envió un decreto reglamentario que permitiría incluir a las causas de lesa humanidad dentro del régimen. “El proyecto tiene como finalidad obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria manifestando que ‘los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad’”, explicó.
La diputada expuso además un fragmento de la conversación en el que uno de los miembros integrantes del grupo compartió un archivo titulado “Causas escandalosas”, con el siguiente mensaje: “El Dr. Jaime L. Smart, preso desde hace 15 años por supuestos delitos de lesa humanidad que carecen de toda prueba, enterado de la reunión de mañana, me pidió que les hiciera llegar el documento que adjunto en que nos cuenta varios casos de causas y sentencias que constituyen un escándalo. Tengan la certeza que es solo un puñado, pero que hay muchas más en todo el país”.
En paralelo, Arrieta reveló detalles de la coordinación de Benedit para visitar a los represores, e incluso, aseguró que su par habría conversado con el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, para obtener garantía del acceso al Penal de Eeiza.
Por su parte, contó que el 11 de marzo, el padre Ravazi informó que el diputado Beltrán Benedit habló con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para coordinar la visitar a lo que el grupo denomina como “presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz” y se les facilite el ingreso. «Ya está hablado, quienes quieran ir por favor coordinar por privado con Beltrán para coordinar…”, reza el mensaje.
En un segundo hilo, Arrieta expone además la creación de otro grupo de WhatsApp denominado “Proyecto decreto”, también con diputados de La Libertad Avanza, el Padre Javier Olivera Ravasi, y los mismos abogados, quienes a su vez compartieron dos reuniones, una presencial y otra virtual vía Zoom para coordinar la visita y avanzar en una legislación “por el tema de los ancianos militares encarcelados”.
A pesar de las intenciones del Gobierno de expulsar a la diputada del bloque, la legisladora aclaró que el mandatario no estaba al tanto de la visita al remarcar que «no es la agenda de Javier Milei» y que “lo exculpa de toda duda”.
“Otro dato revelador que demuestra a las claras que esto NO ES LA AGENDA DE JAVIER MILEI, y lo exculpa de toda duda, es que con fecha 17 de julio la dip. Alida Ferreyra alude a las publicaciones en los medios de la visita al penal de Ezeiza, manifestando: ‘Elaboramos un comunicado los que fuimos el jueves y desde el ejecutivo no nos autorizan a publicar. Que la noticia mañana termina, agradezco a los que puedan manifestarse'».
“A lo que Benedit contesta con relación al Pte. Milei: ‘Un ejecutivo al que le tiembla el pulso para permitirnos sacar un comunicado…’”, continuó, y agregó: “Claramente, estos diputados tienen otra agenda, y no reparan en tildar al pte. de blando por temblarle el puso al no imponer la agenda que ellos proponen. Entonces ¿a quién responden? Si admiten que el Ejecutivo los frenó, ¿quién es su líder político?”.
Asimismo, publicó chats de un tercer grupo llamado “Visita”, fechado el 13 de julio, tras la reunión en el Penal de Ezeiza, con intenciones de armar un comunicado de prensa de la actividad. “Otro chat revelador en ese grupo, surge de los dichos del dip. Montenegro donde afirma: ‘me pidieron del ejecutivo que no saquemos el comunicado y no hablemos con la prensa, los van a llamar a cada uno’, a lo que Benedit responde: ‘QUÉ PAPANATAS’, en referencia a Javier Milei”, describió.
También, asegura que Alida Ferreyra y Beltrán Benedit visitaron Campo de Mayo en marzo y sin que nadie del Poder Ejecutivo tomara conocimiento.
En el Gobierno evitan confrontar con “los librepensantes”, pero cobran fuerza los trascendidos que aseguran que el martes habrá una reunión donde se les notificará la expulsión del bloque a la diputada Lourdes Arrieta y al senador Francisco Paoltroni. Según argumentan, ninguno de los dos responde al Poder Ejecutivo y transitan su propio camino político.
La decisión se tomó a raíz de la tensa reunión que tuvo lugar el pasado miércoles en el Congreso y que culminó con una denuncia de violencia de género labrada por Arrieta contra el diputado Guillermo Mayoraz, tras un cruce por la polémica visita a represores en el penal de Ezeiza.
“¿Me quieren expulsar del bloque? Aclaro que nadie me lo ha dicho a los ojos. Siempre he ido de frente, con la verdad y buscando transparencia”, contrapuso la diputada, y concluyó: “Me encuentro habilitada a referirme públicamente que no es la agenda del Presidente la reivindicación de condenados por lesa humanidad. Mi denuncia en la justicia de Lomas de Zamora ha sido en busca de quienes organizaron y con qué intenciones”.