La última vez que estos bloques opositores habían buscado rechazar el veto presidencial al aumento de las jubilaciones fracasaron en ese intento, ya que el oficialismo, junto al PRO, el MID, Independencia, Producción y Trabajo y cinco radicales alcanzaron 87 votos y, con eso, se superó el tercio para mantener el decreto del Poder Ejecutivo.
Tras la multitudinaria marcha realizada el miércoles por las universidades y partidos opositores, el Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el rechazo a la ley aprobada por el Congreso para aumentar los recursos para las altas casas de estudio, y cerca del mediodía envió una nota para notificar la decisión al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Los pedidos de sesión fueron formulados en forma separada, por un lado, por Encuentro Federal, Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino y por Santa Cruz, y por otro por la UCR, además de otro requerimiento de UxP.
Uno de los pedidos fue realizado por el presidente de EF, Miguel Pichetto, y sus pares de bloque Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzo, Nicolás Massot, Juan Brugge y Mónica Fein.
También Juan Manuel López y Paula Oliveto de la Coalición Cívica; Sergio Acevedo, por Santa Cruz, y Osvaldo LLacanfilo del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Otra de las solicitudes de sesión fue formulada por el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, y los radicales Carla Carrizo, Danya Tavale, Martín Tetaz, Facundo Manes, Julio Cobos y Marcela Antola.
La solicitud de UxP fue presentada por el presidente del bloque, Germán Martínez; la vicepresidenta primera de la cámara, Cecilia Moreau, y sus pares de bloque Paula Penacca, Blanca Osuna, Carlos Heller, Constanza Alonso y Daniel Arroyo.
El desafío que tienen los diputados es reunir más votos que cuando se aprobó la ley, ya que en la sesión del 15 de agosto la norma se sancionó con 144 voluntades contra 77, y una una abstención del radical Lisandro Nieri, con el cual, si se repite esa votación, el oficialismo superaría el tercio.
En esa ocasión, los dialoguistas tuvieron 35 ausentes, de los cuales cuatro fueron del PRO, 14 de UxP, cinco de Encuentro Federal, uno de la Libertad Avanza (LLA), dos de Producción y Trabajo, cuatro de la UCR, uno de Independencia y tres de la Coalición Cívica.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno señaló que la ley sancionada «es manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».
De acuerdo a la Oficina de Presupuesto, el impacto fiscal del aumento establecido en la ley sancionada por el Congreso es de 738.595 millones de pesos, es decir 0,14% del PBI.
Agregó que «dar cumplimiento a la medida sancionada» por el Congreso «dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo».
Además, asegura que «que el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente».