Durante la última sesión los legisladores sancionaron la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 25.854 que instituye la creación del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, proyecto presentado por el diputado Joaquín Sánchez. Asimismo se aprobó la ley que propicia la creación, en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, de centros destinados a la atención de víctimas de violencia en cualquiera de sus formas.
En cuanto a la creación del Registro ùnico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, se establece que «la autoridad de aplicación de la norma será el Superior Tribunal de Justicia, al cual se lo faculta a suscribir el Convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación y a dictar normas conducentes al funcionamiento del citado Registro, en el ámbito provincial».
Según lo explica el autor de la iniciativa en sus fundamentos, «la Dirección Nacional del Registro único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (D.N.R.U.A.) dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, tiene como objetivo principal formalizar una lista de aspirantes a guarda con fines adoptivos conformada por diferentes Registros Provinciales».
«La D.N.R.U.A. propone construir una Red de Registros que interconecte los registros provinciales de postulantes a adopción. Para ello, propicia la creación de registros donde aún no existan y brinda apoyo técnico informático o profesional cuando sus autoridades lo soliciten. De este modo resulta prioritario agotar las posibilidades de inserción adoptiva en el ámbito de origen del niño (conf. Art. 20 de la Convención de los Derechos del Niño) y cuando ello no resulte ser posible se recurrirá a postulantes de la misma región o del resto del país», indicó Sánchez.
El legislador precisó que «esta política garantiza a los postulantes una inscripción única en la jurisdicción de su domicilio, la cual valida la acreditación de la postulación en todas las jurisdicciones adheridas. Esto refleja la importancia que reviste el contar a lo largo y a lo ancho de nuestro país, con una herramienta que articule relaciones entre estados provinciales y el nacional, buscando disminuir las posibilidades de maniobras ilegales que no garanticen el futuro de los niños que sean adoptados, y den certezas de que los depositarios de la adopción sean los adecuados para cumplir con tan loable acción de criar un ser humano en las condiciones efectivas y de confort que permitan el desarrollo armonioso de los adoptados».
Por otra parte, la iniciativa del diputado Gilberto Gruber, que contó con el acompañamiento de la mayoría de los legisladores, requiere la creación de centros destinados a la atención de víctimas de violencia en cualquiera de sus formas.
Se establece, además, que los Centros tendrán como objetivos generales: la prevención de la violencia familiar, doméstica, escolar y comunitaria, y la definición de acciones para la asistencia integral de sus víctimas, sean estas mujeres, varones, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o personas con necesidades especiales.
La medida pretende -entre otros puntos- generar a través de la educación e información, «una cultura de prevención de las acciones de omisión, abuso o abandono; detectar en forma temprana a las posibles víctimas de violencia, en cualquiera de sus formas; asistir a las víctimas desde las perspectivas físicas, psíquicas, jurídicas, económicas y sociales hasta la reinserción de las mismas en la vida familiar, educativa, laboral y social».
Cada centro de atención deberá contar con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales médicos, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, abogados y docentes, y se cursará la correspondiente invitación a los representantes de organizaciones no gubernamentales para realizar su aporte.
También se deberán articular acciones con todos los organismos del Estado Provincial y ONG’s involucrados en la temática de violencia y con los tribunales donde se tramiten los procesos originados por acciones definidas como violentas.
Los Centros deberán funcionar las veinticuatro horas; brindarán asesoramiento jurídico gratuito; facilitarán el acceso de las víctimas a beneficios sociales, programas de empleos y viviendas existentes, y se busca que cada departamento cuente con un centro de estas características.