“Tumbaron árboles sobre el río y eso a nosotros nos afecta”, dijo Santiago Ramos, lider de la comunidad Puente Quemado II, ubicada en Garuhapé, que debió ser testigo de la ambición humana y la intromisión a su territorio, fuente de vida y cultura Mbya. La denuncia llegó al Ministerio de Ecología provincial, que detuvo el accionar ilegal y abrió un sumario.
Todo quedó registrado en videos, donde se ve como las máquinas arrasan con el monte, por supuesto, sin la debida Consulta Previa, Libre e Informada a los miembros de la Comunidad, como debiera hacerse según está establecido en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Santiago Ramos, mburuvicha de la comunidad, comentó: “Es una empresa forestal de Garuhapé que está pasando por encima de la ley, llegando al borde del arroyo con las máquinas, tumbaron árboles sobre el río y eso a nosotros nos afecta. Además, los peones de la empresa entraron en territorio relevado por ley 26160 y plantaron un par de cosas”.
“Queremos que se respete un poco más, tumbaron el montecito que bordeaba el arroyo y eso no se puede tocar”, lamentó.
Puente Quemado ya sufrió en el verano el fuego de los incendios, que consumió monte nativo, pinos y casas, y se originó en parte por la sequía, pero también por la fácil combustión que tienen los pinares, monocultivo plantado por la firma Arauco.
Sin ningún tipo de remordimiento, en aquel momento operarios de la empresa se habían acercado con la intención de volver a plantar, pero la Comunidad tomó cartas en el asunto y los intimó legalmente.
Donde todo era monte y verde, esta empresa dejó un desierto de pinos, ahora en su mayoría quemados. A este paisaje desolador que buscaba empezar a recomponerse y donde todavía quedaba algo de esperanza, ahora se suma este nuevo capítulo de atropello a los derechos indígenas.
Tras la denuncia del mburuvicha, el Ministerio de Ecología se acercó al lugar. “Se realizó la constatación, se ordenó el cese de la actividad y se incautó la maquinaria utilizada. Las actas labradas por los inspectores forestales son giradas al sector jurídico para la instrucción del sumario”, especificó el ministro Víctor Kreimer.
El cambio de uso de suelo y la deforestación ponen en peligro la biodiversidad y por ende, a todos. El mayor desafío del Pueblo Mbya es proteger sus territorios de las grandes empresas que se llenan los bolsillos a costa de la destrucción y el ecocidio. La sociedad debe acompañar y el Estado garantizar el cumplimiento de derechos y -en estos casos- arbitrar las medidas necesarias para los infractores. (Fuente: Equipo Misiones de Pastoral Aborigen -EMiPA-)