Será contra cinco petroleras de capitales británicos que realizan tareas de exploración en la plataforma continental argentina próxima a las islas Malvinas, y que fueron declaradas «ilegítimas y clandestinas». «La declaración de clandestinidad dará lugar al inicio inmediato de las acciones civiles y penales contra las citadas empresas, las que incluyen imputación de delitos aduaneros y fiscales, así como la aplicación de las sanciones administrativas», indicó la Cancillería en un comunicado.
La información se conoció este lunes luego de que el Gobierno declarara «ilegítimas y clandestinas» las tareas de exploración desarrolladas por las empresas Rockhopper Exploration, Desire Petroleum Public Limited Company, Argos Resources, Falkland Oil and Gas Limited y Borders & Southern Petroleum.
La decisión fue comunicada en cinco resoluciones -que llevan los números 128, 129, 130, 131 y 133- de la Secretaría de Energía, que encabeza Daniel Cameron, publicadas este lunes en el Boletín Oficial.
En el marco de los 30 años de la guerra que enfrentó a Argentina y Gran Bretaña, el inicio de la estrategia de acciones legales se realiza a pocos días de que Cristina Fernández de Kirchner participe de la reunión de Comité de Descolonización de las Naciones Unidas que tratará la cuestión Malvinas, el próximo 14 de junio, en coincidencia con el aniversario de la culminación de la guerra.
Según informó la Cancillería, el estado de «clandestinidad» de las empresas y la puesta en marcha de acciones legales será comunicado también a los países sede de las petroleras, al Ente Regulador de la Bolsa de Londres, al Tesoro británico, a la Organización Internacional de Comisiones de Valores y a la Bolsa de Nueva York.
En los considerandos de las resoluciones se indica que las empresas mencionadas «no cuentan con una autorización, concesión o permiso otorgado por las autoridades competentes del gobierno argentino».
Asimismo, se señala que las actividades de esas compañías «resultan ilegítimas y clandestinas por estar realizándose en una zona que se encuentra bajo la soberanía de la República Argentina y al margen de lo que disponen sus leyes y reglamentos específicos».
En tanto, se indica que «todo lo obrado ha sido en el marco del firme propósito de poner en marcha todas las acciones legales, judiciales o administrativas en defensa de los legítimos derechos de la República Argentina».
Se informa además que a las mencionadas empresas se les otorgó un plazo de 10 días para que realicen el descargo pertinente, «garantizando el ejercicio de su legítimo derecho de defensa», lapso que transcurrió «sin haber obtenido respuesta alguna» de las mismas.
En el mes de marzo, el canciller Héctor Timerman había anunciado el comienzo de una nueva estrategia de acciones legales ante la ilícita exploración de hidrocarburos en el Atlántico Sur, señalando que con ella el Estado afirma «la soberanía sobre el área y sus recursos» naturales, tanto a las empresas petroleras como a las que les prestan servicios tercerizados.
«El plan es para preservar la paz y procurar la resolución pacífica» del conflicto de soberanía, explicó el ministro en esa oportunidad, y señaló que las acciones se basan en la violación de dos principios: el de la resolución de Naciones Unidas y el de que ninguna de las partes (Argentina y Reino Unido) puede introducir modificaciones unilaterales en lo que dure el conflicto.
Timerman había adelantado que las medidas alcanzarían a empresas que son propietarias de pozos y plataformas petroleras, que «brinden apoyo logístico» y otras que «aportan apoyo financiero, inversiones y asesoramiento sobre inversiones», lo que incluirá denuncias penales y comerciales contra «bancos, accionistas, analistas y consultoras de riesgo» que operan en el país y en el exterior.