En 1993, María del Carmen Senem de Buzzi acudió a un juzgado de familia por un tratamiento para su hijo. La jueza ordenó una pericia sobre ella y dispuso su internación. Pasó casi cinco meses encerrada y desde que salió buscó justicia. Ahora el Estado nacional reconocerá su responsabilidad. El fallo llegó muy tarde y el beneficio, post mortem, será para su heredero.
