Una denuncia de espionaje a legisladores chilenos por parte de Carabineros, negada por ese cuerpo de policía militarizada, generó el jueves conmoción política en Chile y motorizó al Congreso a pedir una investigación formal de la Fiscalía Nacional, pedido respaldado por el Ejecutivo, que, sin embargo, calificó de «falsa» la acusación.
La denuncia fue formulada el miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por el ex carabinero Esteban Infante, quien aseguró que parlamentarios que participan en los movimientos sociales fueron espiados por mediante escuchas telefónicas, montadas por la Dirección del Inteligencia de Carabineros con tecnología importada desde Alemania, según informaron las agencias de noticias ANSA y DPA y los diarios La Segunda y La Nación.
«Nos llegó información de la misma institución de que tenían pinchados a cinco parlamentarios por la vinculación que ellos tienen con los mapuches y con organismos en este caso socialistas, comunistas», afirmó hoy Infante a la radio Bío Bío.
Algunos de los espiados serían los diputados comunistas Guillermo Teillier y Hugo Gutiérrez, el parlamentario independiente (ex socialista) Sergio Aguiló y los senadores Alejandro Navarro, del Movimiento Amplio Social, y Alberto Espina, de Renovación Nacional.
Poco después de difundidas las manifestaciones de Infante y mientras crecía la polémica, el director de Carabineros, general Eduardo Gordon, rechazó «categóricamente» dichas acusaciones y afirmó que «no es política de la institución» realizar escuchas telefónicas ilegales.
«Carabineros lucha contra la delincuencia y no está para violar la privacidad y la intimidad de las personas y si alguien, por su cuenta, hubiera hecho algo así, advierto que seremos draconianos, como lo hemos sido en casos de alguna irregularidad cometida por algún personal nuestro», indicó Gordon.
De manera formal, el cuerpo salió a despegarse de las denuncias a través de un comunicado, en el que manifiesta su «estricto cumplimiento al ordenamiento legal vigente» de efectuar escuchas telefónicas sólo ordenadas por un tribunal competente y se compromete a entregar toda la información necesaria en caso de una investigación.
Los jefes de las Comisiones de la Cámara de Diputados reaccionaron de inmediato y acordaron recurrir a la Fiscalía Nacional para solicitar una investigación formal, al tiempo que convinieron en convocar a una sesión especial a la que será citado el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y Gordon.
Además, los diputados Aguiló, Teillier y Gutiérrez, tres de los presuntos damnificados, acordaron presentar una denuncia ante el Séptimo Juzgado de Santiago no sólo por la cuestión de las escuchas sino también para que investigue supuesta infiltración de Carabineros en marchas ciudadanas para provocar disturbios.
«De confirmarse estos hechos, estaríamos en presencia de parte del pasado de dictadura que nos vuelve a penar y podría estar implicando que un organismo policial y su brazo de inteligencia estaría infiltrándose en la vida de los ciudadanos, generando persecuciones entre los representantes legítimos de la ciudadanía», consideró Aguiló.
En tanto, desde el oficialismo respaldaron los acuerdos de las comisiones pero llamaron a no dar crédito a «denuncias sin fundamentos».
El diputado Nicolás Monckeberg, de Renovación Nacional, sostuvo que «la denuncia de escuchas telefónicas sin dar antecedentes es una denuncia chanta y espero que esta Cámara no se preste para esas tonteras, que la fiscalía investigue a fondo, pero esta Cámara no puede perder tiempo con denuncias que no tienen fundamentos».
María Angélica Cristi (UDI) llamó a que «no se abuse de una información no comprobada; no se puede desprestigiar al alto mando de Carabineros por un hecho del que no se tienen antecedentes fidedignos».
La Moneda comprometió su total colaboración con las investigaciones que se realizan tanto en la Cámara de Diputados como en la justicia para esclarecer la denuncia.
«Este gobierno no hace ni hará jamás, ni permitirá que nadie lo haga, interferencias en la vida privada de las personas; no vamos a aceptar eso nunca y por lo tanto, vamos a colaborar activamente en que estos hechos sean esclarecidos», afirmó el ministro vocero, Andrés Chadwick.
En esta línea, agregó que «el gobierno es el principal interesado en que se aclaren los hechos y, en ese sentido, el gobierno colaborará en todo lo que sea necesario con la investigación que está llevando a cabo en Diputados como en todo lo que sea necesario en las investigaciones de carácter judicial».
El fiscal nacional subrogante, Francisco Ljubetic, ya solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados todos los archivos y audios disponibles sobre la denuncia que hizo Infante.
Entre los congresistas «pinchados» se cuentan los diputados Hugo Gutiérrez (PC), Guillermo Teillier (PC), Sergio Aguiló (Ind)y los senadores Alberto Espina (RN) y Alejandro Navarro (MAS).
El fiscal Ljubetic estudia la posibilidad de abrir una investigación por oficio, según se informó, debido a la gravedad de las denuncias hechas por el otrora uniformado, por lo que esperan recibir todos los antecedentes por parte del Congreso.
Para este jueves se anunció la presentación de una acción penal por estos mismos hechos por parte de Infante, en compañía de sus abogados Rubén Jerez y Claudio Cofré.