La Justicia italiana declaró parcialmente inconstitucional la «Ley del Legítimo Impedimento», que blindaba al primer ministro, Silvio Berlusconi, y a sus ministros, y mantenía bloqueados tres juicios por corrupción en su contra.
Tras dos días de deliberaciones, los 15 magistrados tomaron la decisión que reabre el camino para dejar al primer ministro expuesto a la apertura de varios de los procesos que mantiene pendientes con la justicia de su país.
En particular, el Tribunal rechazó el apartado 4 del artículo 1, que autoriza al Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno, a certificar unilateralmente que el primer ministro no puede ser sometido a juicio por períodos de seis meses renovables, tal como ocurría hasta ahora.
El Tribunal no impugnó la totalidad de la ley, pero rechazó el artículo que obligaba a los jueces a postergar los procesos contra «il Cavaliere» y sus ministros, en caso de que éstos así lo soliciten y ordenó que sean los propios magistrados quienes decidan si dan o deniegan este beneficio procesal, informó la agencia de noticias ANSA.
En consecuencia, ni Berlusconi ni sus ministros podrán invocar automáticamente el beneficio denominado «de legítimo impedimento», que les permitía no acudir a juicios en curso debido a sus obligaciones como jefe del Gobierno y obligaba a los magistrados a postergar medio año la comparecencia.
La decisión del Alto Tribunal puede además dejar sin efecto el referendo sobre la ley, impulsado por el partido de la oposición Italia de los Valores, y que se debía celebrar en los próximos meses.
En octubre del 2009, la Corte Constitucional había invalidado otra norma -denominada «ley Alfano»- que garantizaba también la inmunidad penal a los cuatro mayores cargos del Estado, entre ellos al primer ministro.
Ayer, previo al pronunciamiento del Tribunal, Berlusconi había asegurado que le era «absolutamente indiferente» la decisión de los 15 jueces del Constitucional, ya que, según afirmó, la estabilidad del Gobierno «no se verá afectada».
Para el premier, las acusaciones que pesan sobre él (entre otras por corrupción, fraude fiscal y apropiación indebida) son «ridículas».
«Los jueces son una patología, una enfermedad, y ya he jurado en el pasado por mis hijos y nietos que soy inocente», agregó.
El fallo de hoy implica que el primer ministro puede ser juzgado por el «Caso Mills», donde está acuado de haber sobornado entre 1997 y 1998 con 600 mil dólares al abogado inglés David Mills para que falsificara su testimonio en dos procesos contra él.
La decisión del Tribunal también abre la posibilidad de reabrir procesos contra el premier por fraude fiscal, por la compra ilegal de derechos televisivos.
Aunque el delito por corrupción está cerca de prescribir, una condena contra Berlusconi tendría un impacto político negativo que afectaría aún más su ya deteriorada imagen, tanto a nivel nacional como internacional.
El Tribunal debía pronunciarse sobre el tema el pasado 14 de diciembre, pero aplazó la decisión hasta enero para evitar que el fallo coincidiera con el voto en el Parlamento de la moción de desconfianza a Berlusconi, que «Il Cavaliere» superó por pocos votos.