Negaron que exista «presión del Poder Ejecutivo a la Justicia», y afirmaron que «los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas». En ese marco, más de 200 magistrados, fiscales y funcionarios judiciales rechazaron, a través de una solicitada, el comunicado emitido de la semana pasada por la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura.
En el texto publicado con el título «Una Justicia legítima», los firmantes sostuvieron que «la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado».
En ese sentido resaltaron que «los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e -incluso- deben ser independientes de las organizaciones que los representan».
Uno de los firmantes de la solicitada, el fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Javier De Luca, acusó a las asociaciones judiciales que emitieron dicho comunicado de promover «una suerte de partido político sin ninguna legitimidad». De Luca manifestó que «hay colegas que están priorizando lo corporativo por sobre las funciones judiciales para las cuales han sido nombradas».
El fiscal puntualizó que «en lugar de dedicarnos a las cuestiones gremiales, académicas y jurídicas que tienen que ver con nuestro trabajo diario, pareciera ser que algunos personajes que dirigen estas asociaciones están jugando un partido que yo no quiero jugar».
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, a su turno, señaló que la independencia judicial «hay que acreditarla no sólo ante el poder político» sino también «ante los grupos económicos» que, indicó, «a veces tienen más fuerza y poder que el propio Gobierno».
El también constitucionalista Roberto Boico aseguró que «la mayoría del Poder Judicial y de los abogados» están «en desacuerdo» con el comunicado y aseguró que no hay ningún elemento que infiera presión sobre la Justicia.
«La mayoría de los jueces y abogados no estamos de acuerdo con la apreciación de la Comisión, porque no existe ningún extremo que permita inferir presión del Poder Ejecutivo a la Justicia», dijo el abogado a Télam.
Agregó que «la independencia de los poderes no sólo se refiere a la independencia del Poder Político, sino también a la independencia de los grupos económicos y presiones corporativas».
El juez del Tribunal en lo Criminal 1 del Departamento Judicial La Matanza, Alfredo Pedro Drocchi, calificó de «corporativo» el comunicado y señaló que «sólo lleva la voz de las cúpulas y de algunos jueces que las regentean».
En una carta enviada al Consejo de la Magistratura, Drocchi dijo que «no hubo consulta ni llamado a Asamblea» y refirió que los autores del escrito, «ocultándose en el anonimato de sellos corporativos, pretenden sumarnos a todos los jueces argentinos en un conflicto de poderes al que la mayoría, verdaderamente independientes, somos ajenos».
Para Drocchi, la resolución sobre el artículo 161 de la Ley de Medios la «dictaron sólo dos jueces en horas a pedido del multimedios. ¿Cómo sabían de antemano, que siendo dos, iban a estar de acuerdo, por qué no se integraron con un tercero al igual que toda Sala de Cámara?», se preguntó.
La solicitada «rechaza los términos expresados por las entidades mencionadas», entre las que también estaba la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, y tiene como firmantes a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; al juez de Casación Alejandro Slokar; al presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; y al fiscal de Cámara Jorge Auat, entre otros.
El texto afirma que «los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático» y, por tanto, «el debate democrático sobre las decisiones judiciales acerca el sistema de justicia a la sociedad, y enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales».
Además de los magistrados, la solicitada lleva la firma de rectores de unas veinte universidades nacionales y decanos de varias facultades. Arturo Somoza (Cuyo), Fernando Tauber (La Plata), Carolina Scotto (Córdoba), Ernesto F. Villanueva (Jauretche) y Gustavo Lugones (Quilmes) son algunos de los titulares de las casas de altos estudios que acompañaron.
Asimismo, el documento continúa aclarando que «la falta de cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial es un problema estructural del servicio de justicia, que afecta en definitiva a toda la comunidad. La responsabilidad por este déficit es compartida por todas las instituciones que se encuentran representadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, y no de una en particular».
Y afirman que «la recusación de magistrados es el mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales».
Finalmente, la solicitada dice que «el Poder Judicial debe velar por el irrestricto respeto a la facultad de cada provincia de darse sus instituciones y regirse por ellas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Nacional. Lo contrario importa una vulneración al principio republicano de la división de poderes».
