Casos emblemáticos como la presunta estafa cripto con el token $LIBRA y la red de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) han perforado el discurso oficial de «limpieza» estatal, dejando al país por debajo del promedio regional y en una situación de vulnerabilidad ética inédita en los últimos años.

El escándalo de $LIBRA se convirtió en una de las mayores manchas para la administración libertaria. La Justicia investiga si el presidente Milei utilizó su investidura para promocionar un activo financiero privado que, tras alcanzar un pico de cotización gracias a su difusión oficial, se desplomó dejando a miles de ahorristas damnificados. Según informes del Congreso, se detectaron al menos 16 reuniones entre el mandatario y los promotores de la moneda, lo que derivó en denuncias por asociación ilícita y estafa. La situación se agravó recientemente con el hallazgo de un contrato de asesoramiento entre Milei y el fundador de la cripto, Hayden Davis, lo que alimentó las sospechas de un conflicto de intereses directo en la cúspide del poder.

En paralelo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se transformó en el escenario de una causa por corrupción estructural que ya cuenta con procesamientos dictados por el juez Sebastián Casanello. Diego Spagnuolo, exabogado personal de Milei y extitular del organismo, fue procesado por liderar una presunta asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos. El escándalo escaló tras la filtración de audios donde se mencionaban presuntos «retornos» destinados a la cúpula del gobierno, sugiriendo un sistema de recaudación ilegal que operaba bajo el amparo de la estructura estatal.

A estos casos se suma una lista de irregularidades que erosionan la confianza pública en el modelo de ajuste. Entre los episodios más resonantes figuran las denuncias contra el Ministerio de Capital Humano por el acopio de alimentos destinados a comedores sociales, los sobresueldos detectados en contrataciones opacas y los casos de nepotismo que involucraron a familiares de legisladores oficialistas. La inacción del Gobierno para fortalecer la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF) ha sido interpretada por organismos como Poder Ciudadano como una señal de desinterés total en el control de la transparencia, permitiendo que la discrecionalidad gane terreno sobre la ley.

La combinación de estos factores ha colocado a la Argentina en una posición marginal, compartiendo el fondo de la tabla con países como Ucrania y Belice, y muy lejos de vecinos como Uruguay o Chile. Mientras la gestión de Javier Milei intenta sostener su narrativa de combate a la «casta», los expedientes judiciales que avanzan en los tribunales de Comodoro Py cuentan una historia diferente, donde el tráfico de influencias y el uso del Estado para fines privados parecen haber encontrado nuevas y sofisticadas formas de persistencia. El desafío para el resto del mandato será demostrar si estas causas son hechos aislados o si forman parte de un ADN de gestión que el electorado no anticipó.