Luego de casi 17 horas de tratamiento, la votación en general tuvo 42 votos positivos y 30 negativos. También resultaron avalados los 26 títulos que componen el proyecto.
En representación del Interbloque Justicialista, el senador José Mayans denunció un «avasallamiento y una violación al reglamento del Cuerpo» que, a su juicio, «alienta a violar la Constitución Nacional». Tras afirmar que «en la Casa de las Leyes se cumple con la ley», calificó el procedimiento de «tratamiento exprés lo que significa una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento». Al finalizar su alocución, anticipó su voto en contra del proyecto.
Tras una extendida sesión y una tensa jornada por la batalla campal protagonizada en el centro de Buenos Aires por las fuerzas de seguridad y los manifestantes contrarios a esta reforma, la Cámara Alta aprobó el proyecto por 42 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones.
La secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario argentino, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, (ambas personas de máxima confianza del presidente), asistieron a la votación desde un palco del Senado. «Histórico, VLLC» (viva la libertad carajo), posteó Milei en la red social X inmediatamente después de la votación.
Sin embargo, en la calle no se ha acogido la votación con igual entusiasmo: se han producido manifestaciones masivas, con choques entre críticos y policías y la represión de los uniformados dejó 300 heridos, 31 detenidos y 70 manifestantes presos. Hay cuatro agentes heridos, pero ninguno corre peligro.
Obreros argentinos son reprimidos en las inmediaciones del Congreso mientras exigen que no se precaricen las condiciones laborales pic.twitter.com/cMaICc2pNy
— teleSUR TV (@teleSURtv) February 12, 2026
El Gobierno pretende que la ley haya superado todos los escollos legislativos antes del 1 de marzo, cuando comience el periodo ordinario del Congreso y Milei ofrezca un discurso a la nación.
El pase por el Senado es el primer logro de la Libertad Avanza (LLA, partido de Milei) en el Congreso este 2026 y responde al buen resultado obtenido en las elecciones legislativas de octubre pasado, cuando la formación ultraderechista aumentó de manera significativa su representación en las dos cámaras del Congreso.
Con el respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR, centro-derecha), Propuesta Republicana (PRO, derecha) -bajo el liderazgo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)- y los bloques federales, LLA logró que 38 senadores habilitaran el quorum para iniciar la sesión celebrada este miércoles 11.
El proyecto llegó a la Cámara Alta tras numerosas modificaciones del texto acordadas hasta última hora y negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores provinciales, cuyos representantes parlamentarios se expresaron a favor de la medida.
Durante la tarde del miércoles, al tiempo que se debatía la reforma laboral en el Senado, la Plaza del Congreso de Buenos Aires y las calles aledañas fueron escenario de una batalla campal entre manifestantes contrarios a la reforma laboral y las fuerzas de seguridad, con el resultado de varios heridos y detenidos.
Proyecto que colisiona con la Constitución Nacional
Grandes son los cambios contemplados en el proyecto:
El abaratamiento de los despidos, la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias y el alivio de las cargas de las empresas con la reducción de aportes y la creación de un fondo para financiar las indemnizaciones por despido a costa del sistema de jubilaciones.
“El FAL (fondo de asistencia laboral) es un escándalo”, denunció el senador peronista Mariano Recalde durante su intervención en el debate. Se trata de un sistema de capitalización obligatoria que las empresas financiarán con aportes de entre el 1% y el 2,5% -según su tamaño- de los salarios que hasta ahora destinaban a la Agencia nacional de seguridad social (Anses). «Pierden los trabajadores porque el despido está subsidiado, es más fácil despedir y pierde la Anses y los jubilados porque se desfinancia, la plata va a estas administradoras privadas que la van a timbear y que no se va a usar para pagar jubilaciones y pensiones como hasta ahora», continuó Recalde. Según estimaciones oficiales, ese fondo podría inyectar cerca de 4.000 millones de dólares anuales al mercado de capitales local.
La reforma laboral también abre la puerta a que las compañías dejen de pagar las horas extras con un plus y las compensen con días libres o con jornadas reducidas.
Las vacaciones, que hasta ahora debían concederse en verano, podrán ser fraccionadas a lo largo de todo el año. Los sueldos podrán pagarse en cualquier moneda, especie, comida o alojamiento.
El proyecto incluye medidas que debilitan el poder de los sindicatos y sus herramientas de protesta. Una de ellas es que prioriza los acuerdos dentro de cada empresa por encima de los convenios colectivos nacionales por rama de actividad. Establece que esos convenios, claves para las negociaciones salariales en un país con alta inflación (en 2025 fue del 31,5%) dejarán de estar vigentes si no hay acuerdo para renovarlos.
En caso de rechazo contra las políticas gubernamentales, los sindicatos tendrán difícil recurrir a la huelga porque se deberán garantizar servicios mínimos del 75% para aquellos servicios considerados esenciales (salud, educación, transporte, energía y agua) y un 50% para sectores trascendentales como bancos, minería, industria y comercio electrónico.
El Ejecutivo hizo numerosas concesiones para garantizar el apoyo de parte de la oposición al proyecto. Los gobernadores provinciales consiguieron que se excluyera una rebaja del Impuesto a las Ganancias que hubiera significado una reducción de 3 billones de pesos (más de 2.000 millones de dólares) para las arcas estatales en fondos que son coparticipables, es decir, que se distribuyen entre los 24 distritos federales del país.
Los bancos lograron impedir que los sueldos puedan ser acreditados en billeteras virtuales y los gremios mantuvieron los aportes que realizan los trabajadores y las empresas a las obras sociales con las que ofrecen servicios de salud.
En materia de subcontratación y delegación, el proyecto busca «proteger al contratante principal». Si una empresa exige a sus contratistas o subcontratistas el cumplimiento de requisitos específicos (trabajadores, pagos a seguridad social, seguros, cuenta sueldo), quedará eximida de responsabilidad solidaria. Además, las empresas de un mismo conjunto económico solo serán solidariamente responsables si mediaron maniobras fraudulentas o conducción temeraria.
El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos Nicolás Caropresi, uno de los arrestados pero posteriormente liberados anoche, expone en la prensa local que, sobre todo, el proyecto de ley «habilita que el empleador pueda modificar unilateralmente las condiciones de trabajo». El trabajador que se sienta afectado por una alteración de las condiciones laborales «sólo podrá optar por considerarse despedido sin causa, lo que obliga al trabajador a elegir entre aceptar el cambio impuesto o perder su empleo, sin la opción de reclamar el restablecimiento de las condiciones originales», añade.
A esto se le suma que uno de los objetivos de la reforma, insiste, «es hacer que el despido y el conflicto judicial sean más económicos y predecibles para las empresas». Bloquear o tomar un establecimiento, recuerda, será considerado una infracción muy grave, y los trabajadores que realicen dichas protestas no obtendrán su remuneración salarial, y el riesgo de otras medidas arbitrarias. Todo eso son, justamente, estampas habituales en cualquier protesta laboran en el país.
Enfrentamientos en las calles
La convocatoria de los sindicatos a movilizarse en rechazo a la reforma laboral, basada en esa lectura, tuvo un eco importante en las principales ciudades del país, no sólo en Buenos Aires, donde miles de personas se concentraron frente al Congreso argentino con consignas contra el Gobierno de Milei y la precarización laboral de un país en el que 38% de la población es pobre.
La protesta fue pacífica durante horas, relata El País, pero pasadas las cinco de la tarde, un grupo de manifestantes comenzó a arrojar piedras y bombas molotov contra los policías que estaban al otro lado de las vallas de seguridad y estos respondieron con gases lacrimógenos, chorros de agua y balas de goma.
Los equipos de primeros auxilios atendieron a decenas de personas por heridas de diversa consideración causadas por la represión policial y el Ministerio de Seguridad informó de cuatro policías heridos.
Cerca de una treintena de manifestantes fueron detenidos por los disturbios. La suerte de la reforma laboral está ahora en manos de la Cámara de Diputados. La oposición kirchnerista ha anticipado que, de ser aprobada, la llevará ante la Justicia por considerarla inconstitucional. (Fuentes: Senado de la Nación, Huffpost, El País y otros medios en internet)