Miles de indignados con los ajustes marcharon al Congreso en Madrid para exigir la renuncia del presidente Rajoy. La policía reprimió con porras y hubo al menos 10 detenidos y seis heridos leves. Miles de personas, convocadas por la plataforma ¡En Pie! bajo el lema «Ocupa el Congreso», se concentraron en las inmediaciones de la sede parlamentaria para exigir la dimisión de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, del derechista Partido Popular (PP).
«Rajoy dimisión», corean los manifestantes, que no pudieron acercarse al Parlamento, cuyo perímetro se encuentra custodiado por unos 1.300 agentes antidisturbios.
«Menos policía y más educación» o «El pueblo, unido, jamás será vencido», son otras de las consignas que repitieron los activistas, que llegaron a la zona en distintas marchas que partieron de la madrileña plaza España y Atocha.
La Delegación del Gobierno en Madrid cifró en unas 6.000 las personas que participan en la protesta del 25-S (25 de septiembre), impulsada en junio desde las redes sociales.
La convocatoria, conocida también como «Ocupa el Congreso», llama a los ciudadanos de toda España «a rodear el Congreso de los Diputados de Madrid de forma indefinida» hasta conseguir la «dimisión del gobierno» y la «disolución de las Cortes y de la Jefatura de Estado».
El objetivo final es abrir «un proceso constituyente transparente y democrático para redactar una nueva Constitución».
La acción, que fue ideada por un grupo de activistas anticapitalistas que conforman la plataforma ¡En Pie!, dividió desde el principio al 15-M o movimiento de los indignados, porque se tratado de una iniciativa no consensuada.
No obstante, los indignados adhirieron a la movilización y están siendo claros protagonistas de esta protesta que ha sido criminalizada por el gobierno del PP.
El Ejecutivo de Rajoy advirtió que rodear el Congreso cuando está sesionado puede ser penado con hasta un año de prisión, mientras acusó a los convocantes de la protesta de «golpistas».
Más allá de las amenazas, el «25-S» es un nuevo termómetro para medir el descontento social con las políticas de ajuste neoliberal implementadas por Rajoy en España, en un momento crítico para el país, que sigue dilatando la decisión de solicitar un rescate soberano a Europa.
España atraviesa su segunda recesión en tres años, y su desempleo es cercano al 25%.
El gobierno de Rajoy recortó en Salud y Educación y adoptó reformas estructurales para convencer a sus socios del euro de que cumplirá su promesa de reducir el actual déficit del 6,3% del PBI a un 4,5% el año próximo.