En medio de una creciente agitación social aprobó un drástico e impopular ajuste de casi 40.000 millones de euros. El recorte al ministerio de salud llega al 15 %. «Son unos Presupuestos en tiempos de crisis para salir de la crisis», aseguró la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en conferencia de prensa, tras la aprobación de las cuentas del Estado para 2013.
Por primera vez desde que comenzó la crisis, hace cuatro años, el Ejecutivo español tendrá que recurrir al fondo de reserva del sistema de Seguridad Social (3.063 millones de euros) para pagar las pensiones, que se incrementarán en un 1%, según explicó el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El gasto social representa un 63,6% del presupuesto, en el que además de las pensiones, solo crecen las partidas de becas e intereses de la deuda.
«Hay más ajuste de gastos, un 58 por ciento, que de ingresos, un 42 por ciento, es decir, que se está llevando a cabo una reestructuración administrativa», dijo la «número dos» de Rajoy.
España atraviesa su segunda recesión en tres años, y su desempleo es cercano al 25%, el más alto de la zona euro, lo que está minando la recaudación y poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit acordados por los países de la UE.
No obstante, con un escenario de previsión de caída del 0,5% del PIB, Montoro subrayó que «el gobierno confía en conseguir el objetivo del 6,3% para el conjunto de las administraciones públicas este año».
Los nuevos ajustes llegan en pleno recrudecimiento del conflicto social, después de duros enfrentamientos entre agentes antidisturbios y manifestantes que se concentraron en los últimos dos días cerca del Congreso de los Diputados de Madrid para exigir la dimisión de Rajoy y una reforma radical de la clase política.
Los esfuerzos de Rajoy por convencer a los inversores que dudan de su capacidad para controlar el déficit público y pilotear la salida de la crisis, se vieron minados hoy por el anuncio de la comunidad de Castilla-La Mancha de que solicitará un rescate al Estado central por 848 millones de euros para evitar el default.
Con Castilla-La Mancha ya son cinco (Valencia, Cataluña, Murcia y Andalucía) las comunidades acudirán al fondo de rescate creado por el Ejecutivo y dotado con 18.000 millones de euros.
En este contexto, el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) sigue negociando con Bruselas los términos de un rescate soberano que permitiría también activar la ayuda del Banco Central Europeo (BCE) para comprar bonos soberanos del país y rebajar así los costes de financiación de España.
Las medidas adoptadas intentan enmascarar unas condiciones que ya vienen impuestas por las ayudas europeas.
El nuevo ajuste, considerado el mayor de la era democrática, equivale al importe que España debe asumir por pago de intereses de su deuda, más de 38.000 millones de euros.
El pasado 3 de agosto, Rajoy ya presentó el plan presupuestario 2013-2014 que su Ejecutivo remitió a la Comisión Europea (CE) y que cifra el ajuste total acumulado (desde 2012) en 102.149 millones de euros, lo que equivale casi al 10% del PIB (Producto Interior Bruto).
Este plan era una condición impuesta por Bruselas para que España pudiera aplazar un año, hasta 2014, el cumplimiento del objetivo de déficit de la Unión Europea (UE), del 3% del PIB.
Además, el aplazamiento fue concedido en plena negociación con el Eurogrupo a cambio del rescate de 100.000 millones de euros para la banca, condicionado también a reformas profundas y al cumplimiento del déficit, por lo tanto, a los recortes de gasto.
El esfuerzo de reducción de gasto de 2013 es mayor que el año anterior, cuando el ajuste ascendió a 27.300 millones de euros. Sin embargo, en 2014 se recortarán 50.000 millones de euros.
Entre algunas medidas incluidas en el presupuesto figura la reducción del gasto disponible de los Ministerios en un 8,9% de media, la extensión del congelamiento de los salarios de los empleados públicos, limitaciones a la jubilación anticipada y la eliminación de algunas exenciones tributarias.
El recorte por ministerios oscilará entre el 4,2% en Justicia y el 30% de Agricultura, de más del 15% en Exteriores, entre el 13% y el 15% en Salud, el 20% en Industria y el 6% en Defensa, según la prensa española, a falta de datos detallados por parte del gobierno.
Por otro lado, se crea un nuevo impuesto sobre los premios de loterías, que será del 20% y afectará al 40% de los premios (los que superen los 2.500 euros), con el que se prevé recaudar 824 millones de euros.
El gobierno también anunció un plan que subvencionará la compra de autos eléctricos.
Para mejorar la competitividad de la economía, la vicepresidenta anunció una batería de 43 leyes. También se crea una autoridad fiscal independiente que supervise las cuentas públicas.