Escándalo en Jujuy: separaron a la Presidenta de la Corte por hablar de más

La jueza del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy Clara «Titina» Lange de Falcone fue desplazada de la titularidad del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, pocos días después de haber asegurado que «no permitiría que Sala quedara libre«. La decisión de desplazarla fue unánime

Los integrantes del STJ emitieron un comunicado en el que se diferenciaron de sus dichos.

«Tales expresiones exceden las atribuciones de representación de la Presidencia del Cuerpo y no reflejan la posición istitucional del Superior Tribunal de Justicia», señalaron los ocho integrantes del STJ, entre ellos, Pablo Baca, nuevo Presidente del tribunal.

«Me animo a adelantarme: no vamos a permitir que quede libre esperando que quede firme su sentencia; creo que la sociedad no lo va a permitir porque no quiere volver a lo que se ha vivido», habían sido las palabras de la ahora ex presidenta del STJ, que intentó excusarse en que hablaba desde su lugar de «ciudadana común», refiriéndose a la dirigente MIlagro Sala.

Milagro Sala

Milagro Amalia Ángela Sala (San Salvador de Jujuy, 20 de febrero de 1964) es una dirigente política, social e indígena argentina, líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, una organización especialmente conocida por su labor de construcción de miles de viviendas en la provincia de Jujuy, e integrante de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).

Se desempeñó como diputada provincial en la Legislatura por el Frente Unidos y Organizados de Jujuy entre diciembre de 2013 y noviembre de 2015, cuando renunció por haber sido elegida para ocupar una banca del Parlasur por el Frente para la Victoria.

En enero de 2016 fue arrestada debido a un acampe que realizaron diferentes cooperativas en reclamo contra el gobernador Gerardo Morales.4Esta detención ha sido considerada como de carácter político por diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos5así como por la Procuraduría de Violencia Institucional.

El Gobierno federal argentino, presidido por Mauricio Macri, avaló ante las Naciones Unidas el proceder del Poder Judicial de Jujuy e informó los argumentos por los que sostenía que no se habrían violado los derechos humanos de Milagro Sala. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que la detención era arbitraria y realizó un «llamamiento urgente» al Gobierno de Mauricio Macri para que la libere. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado a través del cual «urge al Estado argentino a responder al caso de Milagro Sala» ratificando la decisión del GTDA.

En este marco, en diciembre de 2016 fue condenada a tres años de prisión en suspenso, por considerársela «instigadora» de daños agravados en ocasión de un escrache contra Gerardo Morales en el cual no estuvo presente. Días más tarde fue enjuiciada por haber organizado un «acampe» y encontrada culpable de cometer una contravención, siendo condenada a pagar una multa,6 a realizar trabajos sociales y a tres años de inhabilitación para integrar organizaciones; este último juicio fue declarado nulo el 2 de junio de 2017 por el juez de Control número 3 de Jujuy.7

En junio de 2017, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena. La Sala IV ratificó la sentencia de tres años de prisión de ejecución en suspenso por el delito de daño agravado y revocó el sobreseimiento por el delito de amenaza.89

Milagro Sala permanece detenida desde hace 3 años y 327 días sin condena a prisión efectiva. Esto se debe a que, —en opinión del fiscal anticorrupción jujeño—, su liberación podría obstaculizar las investigaciones en las causas judiciales que enfrenta.10

La Corte Suprema pidió con carácter urgente medidas para que se cumpla con lo ordenado por la CIDH en cuanto al arresto domiciliario de Milagro Sala y para salvaguardar su vida y estado de salud.11 En noviembre de 2018, la Corte Suprema dejó firme la condena a tres años de prisión en suspenso en ocasión de un escrache contra Gerardo Morales.

En enero de 2019, Sala fue condenada a 13 años de prisión, el Tribunal en lo Criminal N°3 de Jujuy, por fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de $60.000.000 del estado destinados a la construcción de viviendas sociales.