El Senado nacional aprobó y convirtió en Ley el proyecto que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios y además ratificó el marco que regula la norma. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo obtuvo 41 votos a favor aportados por el Frente para la Victoria y por sus aliados de Nuevo Encuentro y del Movimiento Popular Neuquino.
También votaron a favor de la norma el porteño Samuel Cabanchik (de Proyecto Buenos Aires Federal); la pampeana peronista disidente María de los Angeles Higonet; el riojano Carlos Menem; y el radical disidente de Corrientes, José Roldán.
En contra votaron 26 legisladores de los bloques de la oposición conformada mayormente por el radicalismo y el peronismo federal; mientras que se abstuvo el representante del Partido Renovador de Salta.
En tanto, se ausentaron de la votación los radicales Emilio Rached y Pablo Verani, el peronista pampeano Carlos Verna y la correntina del Partido Liberal, Josefina Meabe.
A través de la iniciativa aprobada esta tarde, el Poder Ejecutivo propone declarar de interés público la producción de pasta de celulosa y papel de diario, así como su distribución y comercialización.
Según el texto, el marco regulatorio tiene por objeto «asegurar para la industria nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta celulosa para papel de diario», el cual será aplicable a personas físicas y jurídicas con domicilio en el país.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la fabricación, comercialización y distribución de la pasta de celulosa y papel, integrada por 8 senadores y 8 diputados de diferentes bloques parlamentarios.
Dispone además que el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación de la norma, el cual tendrá a su cargo controlar el marco regulatorio, y contará con el asesoramiento de una Comisión Federal Asesora, integrada por un representante de los diarios de cada provincia; uno de las entidades de consumidores y 3 de los trabajadores.
Asimismo, en uno de sus últimos artículos, el texto establece que la empresa Papel Prensa «deberá operar a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel» y presentar cada tres años un plan de inversiones tendientes a satisfacer la demanda interna de papel de diarios.
La presidenta de la Comisión de Medios y Libertad de Expresión del Senado, la kirchnerista Liliana Fellner, aseguró que el proyecto oficial «tiene que ver con la democracia» y contiene medidas vinculadas «al derecho a la libertad de expresión y a la pluralidad de voces».
Fellner explicó que la normativa busca «garantizar a todos los medios de prensa, en condiciones de igualdad en materia de precios y cantidad, el acceso al insumo básico que necesitan para hacer un diario como es el papel».
«Actualmente -afirmó Fellner- existe en nuestro país una sola empresa que fabrica la pasta de celulosa y papel para diarios, que es Papel Prensa S. A, empresa manejada mayoritariamente por Clarín y La Nación», agregó.
El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, elogió la «decisión, el coraje y la inteligencia del gobierno de llevar adelante una política de democratización de los medios audiovisuales y de de accesibilidad e igualdad para todos los medios gráficos».
«Esta tarea tiene como finalidad acercarnos a una mayor democracia, participación, equidad y accesibilidad para que todos los medios puedan publicar sus ideas», explicó.
Por su parte, el senador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, aseguró que «estamos defendiendo la propuesta de defensa de la libertad de expresión de todos los argentinos».
Además, explicó que «del total producido por la empresa Papel Prensa, Clarín y La Nación utilizan el 71 por ciento para cubrir sus necesidades y el 29 por ciento restante se distribuye entre 168 medios que deben pagar un precio 15 por ciento mayor e importar para abastecerse».
Asimismo, Fernández puso de relieve que el proyecto oficial busca evitar la «concentración económica», que dijo, «tiene consecuencias serias en la sociedad y por eso es imperioso que eso sea contenido y ordenado por un Estado ordenador participativo», al considerar que con la situación actual «se castiga al consumidor final y se abusa con la posición dominante».
A su turno, el titular de la bancada del radicalismo, el formoseño Luis Naidenoff, criticó la iniciativa diciendo que «este proyecto no establece un interés público, sino uno gubernamental de silenciamiento y control».
El radical Ernesto Sanz, avisó que su bloque «no acompaña al oficialismo en la propuesta del dictamen de mayoría» sino que alienta un dictamen de minoría, porque considera que el proyecto del kirchnerismo «se encierra en la lógica de la pelea que no es la nuestra ni la de la sociedad», afirmó el legislador radical, y cuestionó que la ley «avance sobre lo que hasta hoy era una actividad privada».
El senador peronista disidente por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, consideró que «la mejor forma de proteger la libertad de prensa es no legislar sobre ella».
«No venimos a defender a Clarín, ni a La Nación, ni a los accionistas de Papel Prensa. Venimos a plantear que esta ley viola el artículo 32 de la Constitución porque reglamenta formas del ejercicio de la libertad de prensa», expresó.