La infanta Cristina está a la espera de ser juzgada por fraude fiscal. Con esta decisión, el monarca busca desmarcarse del grave caso de corrupción que salpica a la monarquía española.
«He resuelto revocar la atribución a su Alteza Real la Infanta doña Cristina de la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca que le fue conferida mediante Real Decreto 1502/1997, de 26 de septiembre”, dice el texto del decreto firmado por el rey y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado.
La decisión del monarca llega una semana antes del aniversario de su coronación y en la antesala del juicio oral contra la infanta Cristina, que está imputada por dos presuntos delitos fiscales el marco del caso del Instituto Nóos, una trama de corrupción en cuyo centro se encuentra su marido, el duque de Palma Iñaki Urdangarin.
En abril de 2013, la hermana del rey Felipe VI se convirtió en la primera integrante de la familia real española en ser imputada en un caso de corrupción en la historia.
Durante más de dos años, el juez que investigó el caso Nóos, José Castro, se mantuvo firme en su decisión de imputar a la infanta al encontrar numerosos indicios sobre su participación en los negocios irregulares de su marido, pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado se opusieron y defendieron su inocencia.
Finalmente, a finales del año pasado Castro cerró la investigación imputando a la infanta como «cooperadora necesaria» de dos delitos fiscales cometidos por Urdangarin.
Los procuradores, si bien no a acusan a la infanta de cometer estos delitos, sí que consideran que se beneficio del dinero supuestamente defraudado por su marido y que fue desviado a una empresa conyugal, por lo que le reclamaron una fianza millonaria.
Desde el inicio de la investigación, que duró más de tres años, la infanta se negó a renunciar a sus derechos de sucesión al trono de España, como le habrían reclamado primero su padre, el rey Juan Carlos, quien abdicó desgastado por el escándalo, y luego Felipe VI, quien intenta recuperar el prestigio perdido de la institución monárquica.
Actualmente, la infanta Cristina ocupa el sexto lugar en la sucesión al trono, por detrás de Leonor, princesa de Asturias, la infanta Sofía, la infanta Elena y sus dos hijos.
Cuando estalló el escándalo Nóos en 2011, la Casa Real apartó a Urdangarin y Cristina de los actos institucionales y sólo se los vio en la Zarzuela en algunos escasos eventos familiares.
Al asumir Felipe VI, una de las primeras decisiones del flamante monarca fue la de apartar a las infantas, no solo a Cristina sino también a Elena, de la familia real, que quedó conformada por seis integrantes: el núcleo familiar del actual rey y sus padres.
El paso que da ahora el monarca de retirar el título nobiliario a su hermana es un fuerte mensaje hacia la opinión pública y también supone una presión para la infanta Cristina en relación con la posibilidad de que renuncie a sus derechos de sucesión antes de que comience el juicio en su contra.
Esa decisión, no obstante, es personal, insisten desde el Palacio de la Zarzuela.
Tras conocerse la decisión de Felipe VI, el abogado de la infanta Cristina, Miguel Roca, aseguró que ésta había «renunciado hace días» a su título nobiliario a través de una carta enviada a su hermano.
«La renuncia forma parte de una voluntad manifiesta de la infanta de la que era conocedora la Casa Real», dijo Roca a la prensa a la llegada a su estudio de abogados en Barcelona.
La renuncia al título que ostentaba desde 1997 es «fruto de una decisión meditada» que la infanta «toma con disgusto» pero que lo hace para «no generar polémica».
De todos modos, el letrado remarcó que esta decisión «no tiene trascendencia» a nivel procesal por lo que no afecta en nada el juicio por el caso Nóos.
En la misma línea se manifestó el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, quien explicó que la revocación del título nobiliario de la infanta es una potestad del monarca y que el gobierno se limita a «refrendar» la decisión, que no tiene «consecuencias procesales», puesto que la hermana del rey será juzgada «como ciudadana».
El caso de corrupción de la Fundación Nóos del que se deriva la imputación de la infanta Cristina, desmontó una trama ideada por su esposo Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres, que se apropió de más de 6 millones de euros de fondos públicos de los gobiernos balear, valenciano y madrileño, sin que mediara contrato alguno.
Urdangarín y Torres crearon la Fundación Nóos, una entidad deportiva supuestamente sin fines de lucro, que utilizaron para enriquecerse gracias a sus influencias políticas y aprovechando el entorno de la Casa Real como cobertura.
Un millón de euros apropiado indebidamente fueron a parar a la empresa Aizzon, una «sociedad pantalla» ideada por la trama y que la infanta Cristina y su marido comparten al 50%. De hecho, el juez encontró indicios de que la hermana del monarca gastó parte del dinero.