El gobierno chaqueño, a través del fiscal de Estado Edgardo Aguirre Hayes, pidió formalmente la destitución del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Rolando Toledo, «por haber sido designado inconstitucionalmente», según se señala en el informe oficial. La semana próxima se harán presentaciones similares respecto a las designaciones los jueces del STJ Ramón Rubén Avalos y Ricardo Franco, y según Aguirre Hayes, por la importancia del caso el proceso «no debería llevar más de tres meses, por el cuestionamiento de fondo que se hace y la gravedad inconstitucional del mismo», señaló.
Aguirre Hayes realizó la presentación luego de lo anunciado por el gobernador Jorge Capitanich a fin de dar cumplimiento a lo estipulado por la Constitución Provincial y dar inicio a las acciones de inconstitucionalidad de los nombramientos de los jueces del STJ antes mencionados.
Luego de la presentación formal en las oficinas del máximo órgano judicial, Aguirre Hayes ratificó que las presentaciones se realizarán individualmente debido a que las designaciones se dieron en contextos diferentes.
«Existían legislaciones diferentes tanto para las designaciones de Toledo, como para Ávalos y Franco, por lo tanto las citaciones y los fundamentos legales serán distintos» precisó.
El letrado dijo que Toledo fue designado «por una ley cuestionada» y recordó que «nuestra Constitución prevé para la designación de todos los jueces el proceso de concurso de antecedentes y de oposición como método de selección, cuestión que la Ley Saife no prevé y de ahí su inconstitucionalidad».
El abogado recordó ue se cuestiona la designación de los ministros y dijo que es «de suma gravedad inconstitucional, ya que es todo un proceso en el que se ha violado la Constitución».
Aguirre Hayes recordó que el objetivo es «restablecer los preceptos constitucionales».
Sobre la continuidad del proceso, precisó que «se tendrá que integrar un tribunal ad hoc, porque legalmente se tienen que inhibir todos los jueces».
Agregó que «por la importancia del caso, el proceso no debería demorarse más de dos o tres meses ya que merece cierta celeridad dado el cuestionamiento de fondo que se hace y la gravedad inconstitucional que reviste».
