El proyecto que limita la tenencia de tierras en manos extranjeras podría dar la próxima semana un nuevo paso en la Cámara de Diputados, de materializarse un principio de acuerdo alcanzado entre los distintos bloques para discutir la iniciativa en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación General, Agricultura y Asuntos Constitucionales. Tras una prolongada reunión de la comisión de Legislación General, marcada por el consenso mayoritario de todos los bloques para darle impulso a la iniciativa del Poder Ejecutivo se decidió ponerle fecha al plenario de comisiones.
Sobre el final del encuentro, la titular de Legislación General, Vilma Ibarra, anunció que, en principio, el jueves próximo (de acuerdo con lo conversado telefónicamente con su par de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño) se concretará el debate de comisiones.
En cambio, si ese principio de acuerdo naufraga, se pedirá en la próxima sesión que el cuerpo fije la fecha y hora de un plenario, según se aprobó hoy en una votación en Legislación General, tras frustrados intentos por parte de Ibarra en conseguir que Camaño y el diputado Juan Casañas (titular de Agricultura) adhieran a su convocatoria.
En el debate de hoy, en tanto, la mayoría de los bloques expresó su acuerdo en avanzar con el proyecto, cuyo dictamen, «según lo establece el reglamento se definirá en un plenario de comisiones», explicó Ibarra, moción que recibió el apoyo de los diputados del Frente para la Victoria.
La ley, que limita a un 20 por ciento la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles y a un máximo de mil hectáreas por persona física o jurídica, recibió hoy el apoyo de la mayoría de los bloques.
No obstante, la oposición objetó determinados puntos y pidió cambios en la redacción de algunos de sus artículos.
Justamente, fijar el tope de tenencia en «unidades económicas, por distrito o región» fue uno de los reclamos comunes que se formularon desde el radicalismo a través del diputado Ricardo Buryaille.
Por el lado del socialismo, Juan Viale fue quien realizó las precisiones que requiere su partido; mientras que por la Coalición Cívica lo hizo Carlos Vega.
Por el lado del oficialismo, el diputado Juan Pais agregó la necesidad de que «se revisen y renegocien los 58 tratados bilaterales de inversión» por considerar que podrían plantear incompatibilidades con parte del articulado del proyecto de tierras enviado por el Ejecutivo.
En la misma sintonía, Vega advirtió sobre los «Estados extranjeros» a los que hace referencia el artículo 34 del Código Civil y el 41 de la Constitución Nacional, que garantiza los «derechos adquiridos» por los ciudadanos extranjeros.
Esas objeciones, al igual que la expresada por el socialista Viale en cuanto «revisar qué significa mil hectáreas en cada zona y área productiva» serán tomadas en cuenta -según declaró Ibarra- por los funcionarios del Ministerio de Agricultura y el especialista en derecho constitucional y co-redactor del proyecto, Eduardo Barcesat, presente en la reunión de comisión.
Otros legisladores incluso, como Verónica Benas (SI) y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro) coincidieron en pronunciarse a favor de bajar al 10 el tope del 20 por ciento que fija la ley para la tenencia de tierras por parte de extranjeros.
El diputado oficialista Alejandro Rossi, por su parte, pidió tener en cuenta que la propuesta del Poder Ejecutivo no gira en torno a «si el extranjero puede o no ser propietario» sino al análisis de la tierra como «parte central del proceso productivo de Argentina».
«No es una modificación en términos de derechos, sino en términos de producción», advirtió Rossi, para quien se trata de «poner restricciones a un proceso que tiene disociada la tenencia de tierras de la actividad productiva».
En tanto, el diputado del Peronismo Federal Felipe Solá remarcó que «sería anticonstitucional» coartar el derecho de tenencia de tierras a los extranjeros residentes y cuestionó que la norma no establezca diferenciaciones si se trata de terrenos «en el Lanín o en La Matanza».
La Comisión de Legislación General tiene en estudio un total de 14 proyectos de casi todos los bloques de la Cámara, aunque no logró este año acordar un debate conjunto con las comisiones de Agricultura y Asuntos Constitucionales, cuyos presidentes -según fuentes parlamentarias- Juan Casañas y Graciela Camaño prefieren darle un trato individual a las iniciativas.
La norma impulsada por el Gobierno está inspirada en una ley vigente en Brasil y toma también puntos de normativas establecidas en la materia en Estados Unidos, Francia, Canadá, España y el Reino Unido.
El límite a la extranjerización de tierras es un viejo reclamo formulado por pequeños y medianos productores agropecuarios y cooperativistas.
Incluso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió al Congreso el tratamiento de la iniciativa, durante la conferencia de prensa que ofreció tras las elecciones primarias realizadas el 14 de agosto pasado.