Aprobaron en general el texto del Gobierno. Pero, en medio de gritos y acusaciones cruzadas, suspendieron la sesión cuando empezaban a modificar punto por punto la iniciativa.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en general, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que penaliza la corrupción empresaria contra la Administración Pública con fuertes multas y la prohibición de participar en licitaciones públicas, entre otras sanciones. Sin embargo, la sesión quedó suspendida hasta la semana que viene cuando empezaban a discutir las modificaciones punto por punto, en medio de gritos acusaciones cruzadas.
Cambiemos logró la aprobación con el apoyo del massimo, que, a cambió, consiguió el compromiso del oficialismo para que se consideren algunas de sus propuestas durante el tratamiento en particular.
A favor de la iniciativa votaron 131 diputados; en contra lo hicieron 63, en tanto que siete se abstuvieron.
Antes de aprobar en general el proyecto, el bloque Justicialista (BJ) propuso la vuelta a comisión del texto, moción que fue rechazada por 118 diputados (Cambiemos y Frente Renovador) y apoyada por 83 (BJ y Frente para la Victoria-PJ).
Cambiemos logró alcanzar el quórum reglamentario para abrir la sesión pasado el mediodía con el apoyo del massimo y del bloque justicialista, como también de los legisladores de la renovación aunque hasta la media tarde se especuló con la posibilidad de que la misma se cayera antes de la votación por la falta de consensos.
El oficialismo logró juntar a los 129 legisladores para habilitar el debate sobre la corrupción, con los contados apoyos opositores y pese a la presión ejercida por el presidente del bloque kirchnerista, Héctor Recalde, para que se levantara la deliberación al cumplirse el plazo de espera de media hora que establece el reglamento para reunir el quórum.
Ante el pedido del jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, decidió otorgar un nuevo plazo que luego se extendió tras un encendido discurso de la massista Graciela Camaño, que repudió la postura de Recalde.
“Nosotros hemos soportado hasta seis horas de espera cuando el kirchnerismo era oficialismo y quería sesionar, y ha cometido todo tipo de tropelías, y por eso ahora estamos pidiendo hacer un esfuerzo porque el tema a tratar así lo amerita”, agregó la legisladora.
La propuesta oficial de penalización a las empresas que participan de actos de corrupción, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de un proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA), apunta a dar a la Justicia nuevas herramientas para sancionar la corrupción empresaria contra la Administración Pública.
Contempla, entre otras cosas, introducir fuertes multas, que llegan incluso a la posibilidad de quitarle a la firma involucrada la posibilidad de seguir operando en el país.
El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos, quien destacó: “Es la primera vez que se aprueba una ley para penalizar la corrupción empresarias”, dijo, y aseveró que el texto no le saca “ninguna responsabilidad a aquellos que cometan actos de corrupción”.
El dictamen de mayoría establece que podrá celebrarse un acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público Fiscal y la empresa que se comprometa a aportar “información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito”.
El acuerdo podrá prever el saneamiento de los actos viciados por los hechos reconocidos y la extinción de acciones sancionatorias y administrativas previa intervención vinculante de la Procuración del Tesoro de la Nación o autoridad equivalente en otros poderes o en las jurisdicciones locales, que deberá pronunciarse en relación al interés público comprometido.
Legisladores por Misiones
El diputado nacional Maurice Closs resaltó que los diputados de la Renovación por Misiones dieron el quórum para que se pueda debatir la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, pero advirtió que el proyecto debe ser mejorado: “Dimos quórum para debatir la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, pero hay que mejorar la ley”
“Siento que si han pasado tantos años y hoy se está hablando tanto de esto, parece que es más una necesidad política. No nos apuremos”, sugirió Closs.
El diputado cuestionó, al igual que otras bancadas, el artículo 37 que otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para negociar y premiar delaciones en casos de corrupción sin que haya sanciones a los corruptores.
En la misma línea, pidió coherencia en las penas, ya que no se puede pasar “de una multa a la disolución de una empresa”. “Es un artículo que merece ser visto de vuelta”, insistió.
Qué dice el proyecto de responsabilidad penal empresaria
El proyecto de ley castiga a las personas jurídicas por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, y fraude contra la administración.
De acuerdo al texto, son responsables cualquiera de sus dueños, socios, accionistas, asociados, apoderados, representantes, directores, gerentes, y cualquiera de sus representantes en contratos asociativos, de agencia, concesión o fideicomiso.
En el artículo cuarto se establece que en los casos de transformación, fusión, absorción o cualquier otra modificación societaria, la responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente.
La sanción que se implementa consiste en una multa de entre 0,5% y 20% de los ingresos brutos anuales de la empresa en el último ejercicio anterior a la comisión del delito.
Otras sanciones complementarias son la suspensión total o parcial de actividades -no más de 10 años-, la suspensión del uso de patentes y marcas -con el mismo techo-, la pérdida o suspensión de subsidios estatales, o, en última instancia, la disolución y liquidación de la persona jurídica, si es que fue creada con el sólo fin de cometer delitos o si ésa constituye su principal actividad.
La acción penal se extingue por cumplimiento de un acuerdo de colaboración eficaz, una posibilidad que abre el artículo 20, donde la empresa -hasta el momento de la elevación a juicio- podría comprometerse ante el Ministerio Público Fiscal a proveer información útil para la investigación, a cambio de «la suspensión de la persecución».