El proyecto de ley que regula la utilización de medidas recibió dictamen durante un plenario de comisiones. Allí, el ministro de Justicia proclamó la necesidad de «terminar con el negocio de las cautelares». Por segundo día consecutivo, los bloques opositores del radicalismo, el Frente Amplio Progresista (FAP) y el peronismo federal decidieron no asistir al debate, con excepción de la salteña del PJ Sonia Escudero y del porteño de la Coalición Cívica, Samuel Cabanchik.
La nueva normativa aprobada por las comisiones de Justicia y de Legislación General quedó en condiciones de ser debatida en el recinto de la Cámara alta, el jueves próximo.
Al igual que el miércoles, cuando se debatieron los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura y de creación de tres cámaras de casación, el ministro Julio Alak estuvo acompañado por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, quien aseguró que la ley le pondrá «luz a los mecanismos opacos pero no cercena los derechos esenciales de los ciudadanos».
La ley le pondrá «luz a los mecanismos opacos»
Julián Álvarez Álvarez también cargó contra el grupo Clarín al señalar debe tomarse como «un caso de estudio» ya que la cautelar contra el Estado que planteó en el marco de la ley de medios «limitó la voluntad popular para democratizar los medios de comunicación, y no la limitó un año, si no, varios».
El proyecto establece que las cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo, y se podrán extender por seis meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable.
También determina que un juez solo podrá dictar una medida cautelar cuando es competente en la causa, y solo podrá tener validez si dicta esa medida -aunque no le corresponda- si se encuentra comprometida la vida, la salud, el derecho alimentario o daños ambientales.
El ministro declaró ante los senadores que «hay que terminar con el negocio de las cautelares» y consideró que las críticas están vinculadas a que «algunos quieren tener un Estado indefenso pero no ante el individuo si no ante las corporaciones».
Para el ministro, la presentación de la cautelares «se ha convertido en un negocio de las corporaciones y en un negocio de la inmoralidad» ya que «los grupos económicos están intentando impedir la sanción de esta norma».
Aseguró que «es un logro» de estos sectores que «no exista procedimiento como existe en Europa como la sanción de un Código en lo Contencioso Administrativo» y admitió que le resultaba «sorprendente» que algunos sectores de la oposición rechacen el proyecto.
Para Alak, la Nación está «atrasada» respecto a otras provincias y a otros países que tienen normas similares respecto a las cautelares.
«Se ha convertido en un negocio de las corporaciones y en un negocio de la inmoralidad»
Julio AlakSegún el funcionario, el proyecto oficial «no tiene como objetivo disminuir las posibilidades y derechos de los litigantes sino lograr equilibrio entre derecho de litigante y el legítimo derecho de defensa del Estado argentino».
Alak también desmintió que la iniciativa afecte derechos de los jubilados en los juicios contra el Estado, y consideró que las demoras en las demandas «se deben a diferentes interpretaciones sobre una misma norma».
El secretario de Justicia, Álvarez, justificó por su parte la regulación de las cautelares al señalar que «se trata de una iniciativa amplia que le pone luz a los mecanismos opacos pero que no cercena los derechos esenciales de los ciudadanos».
Aclaró que «no existe ningún tipo de restricción» en la presentación de cautelares «cuando se trate de la dignidad humana», como los casos que afecten la salud o daños ambientales.
Álvarez citó fallos de la Corte Suprema de Justicia que sostienen que una cautelar «no puede durar eternamente, si no que tiene que tener un plazo razonable».
Álvarez: «Este proyecto no cercena los derechos de los ciudadanos»
Consideró que se trata de una norma «que no tiene agujeros porque intercepta lo más moderno del derecho argentino» y mencionó que países como España o México poseen medidas similares.
Para Alvarez, «las cautelares contra una ley del Congreso implican la suspensión de un interés social».
En tanto los líderes de los partido de la oposición suscribieron un texto en el que sostienen que el proceso de democratización de la Justicia impulsado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner «prepara el terreno para la impunidad».
Los representantes de los partidos de la oposición emitieron un documento en el que se pronunciaron en contra de la reforma judicial anunciada y enviada al Congreso días atrás por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El texto impulsado por muchos de los legisladores que ayer se ausentaron del debate en comisiones donde iban a empezar a tratarse las seis leyes en cuestión, será presentado formalmente el próximo martes durante un acto frente al Congreso. Participarán del mismo los principales referentes del Pro, la UCR, el FAP, el Frente Peronista y Proyecto Sur.
El escrito se titula «Declaración de rechazo al intento de control de la Justicia por parte del gobierno nacional» y está suscrito también por intelectuales, empresarios, líderes sociales, dirigentes sindicales y organizaciones no gubernamentales.
«Detrás del título meramente retórico de «democratizar la justicia» se esconde un intento de suprimir la independencia de los jueces, modificando el régimen republicano que establece la Constitución, en perjuicio de las libertades y derechos de todos los ciudadanos argentinos», establece el texto.
«Los cambios propuestos en el Consejo de la Magistratura transforman a este organismo en dependiente de mayorías circunstanciales, y persiguen la finalidad de que el gobierno pueda designar y remover a los jueces que desee, además de quitarle los recursos a la Corte Suprema de Justicia para controlarlos por otra vía», continúa.
En cuanto al proyecto para limitar las medidas cautelares, la oposición establece en su comunicado que «los ciudadanos quedan indefensos frente a los abusos de poder del Estado. Ello soslaya la asimetría de poder entre administración y administrado».