La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura sacó a la luz situaciones de hacinamiento, malos tratos en penales y comisarías, además de la deficitaria participación de la Nación respecto de los detenidos federales, lo que impacta en los recursos del servicio provincial. Se trata del tercer informe de la Comisión desde su creación y está dirigido a los tres Poderes del Estado misionero y a la ciudadanía, en cumplimiento de lo establecido en la Ley IV 65 y la normativa internacional que rige al Sistema de Prevención de la Tortura. Significa un aporte para la construcción de políticas públicas y propone estrategias para lograr cambios estructurales en varias instituciones.
La última asamblea del año de la Comisión se realizó en el Salón de las Dos Constituciones de la Legislatura de Misiones sirvió para exponer diversas irregularidades, tales como el uso de gas pimienta durante las requisas, hacinamiento, celdas precarias, insuficientes condiciones sanitarias y de asistencia médica.
La falta de espacio llevó a ocupar un gallinero como lugar para la reclusión de seis personas en el Penal de Loreto, socializó Francisco Souza, integrante de la comisión, documentando sus dichos con fotografías y un detallado informe escrito, en el que se expone con mucha crudeza las consecuencias de la falta de espacio en celdas, pabellones, insuficiencia de mobiliario e infraestructura.
La superpoblación carcelaria responde a diversas causas: la aplicación de prisiones preventivas y la cantidad de alojados federales en penales y comisarías de la Provincia.
Las quejas sobre esta cuestión provienen tanto de los detenidos como de las autoridades policiales: “Hay comisarías que tienen calabozos con capacidad para una sola persona o dos y los fines de semana se ven sobrepasados porque a los procesados se suman los contraventores”.
Eduardo Magno Scherer, presidente de la Comisión, expuso sin reparos la situación: “En la Unidad Penal de Loreto hay 33 presos federales y en dos comisarías de Posadas también, con sus capacidades excedidas; en la mayoría de las comisarías hay federales».
El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y la Policía de la Provincia de Misiones están a cargo demás de 200 personas detenidas por delitos federales, lo que “genera un costo económico de logística, alimentación, custodia y seguridad que se afronta con recursos de la Provincia», ante la ausencia de las partidas presupuestarias de la Nación para ese fin.
El alcaide general Julio César Zarza , subdirector del SPP, explicó que “la Provincia construye dos módulos en Oberá, que va a descomprimir en parte la situación”, lo que también ocurrirá en Loreto, donde se habilitará una unidad con capacidad para cien internos.
El oficial penitenciario también comentó que está previsto destinar un lugar exclusivo «para los detenidos que están en periodo de prueba, que son los que están hoy día alojados en lugares donde no deberían estar. No tenemos un lugar acorde pero están planificadas las nuevas instalaciones”.
En la Comisión se manifestó la preocupación por malas prácticas comprobadas en distintas dependencias de la provincia, como el uso de gas pimienta y lacrimógenos en las requisas de grupos especiales en las comisarías, actos que no dudaron en calificar como procedimientos.
Fernando Genesini, vicepresidente de la Comisión, enfatizó que “eso está prohibido y queremos volver a aclarar; eso es para evitar disturbios, pero no adentro de la celda. Por eso me gustaría saber si esos grupos comandos pueden entrar a las celdas y hacer una cosa como esta, porque las comisarías son jurisdicción del comisario, que es el jefe”.
El comisario general José Roberto López, subjefe de Policía de la Provincia de Misiones, en su carácter de asambleísta no negó los hechos, sino que indicó que “son materia de investigación”.
Cuando desde la Comisión se planteó que hay muchas quejas por la falta de atención médica, continuidad de tratamientos y atención adecuada de enfermos mentales, el subdirector del SPP admitió que puede haber déficit, atribuible a la falta de provisión de la Nación y que se cubre la falencia con recursos provinciales que no son suficientes, pero que se espera mejorar el servicio de salud.
Los miembros de la Comisión hicieron notar lo dificultoso que se proceder con las derivaciones de pacientes a los servicios externos, ya que «se demora la obtención de turnos y la disponibilidad de especialistas para atender determinadas patologías. También se han registrado pérdidas de turnos en los nosocomios, por falta de móvil de traslado”.
El documento completo, estructurado en seis partes temáticas, está disponible en el sitio web http://www.cpptmisiones.gob.ar/index.php/informe-publico-anual.
La primera parte contiene notas elevadas a las autoridades competentes, presentaciones judiciales, informes preliminares de investigación y de gestión de proyectos, y recomendaciones para el tratamiento de personas en custodia.
En la segunda se encuentran los tres hallazgos que por metodología de trabajo, recursos operativos y talentos humanos, la Comisión consideró más relevantes: el uso de los gases lacrimógenos en contexto de encierro por parte de las unidades especiales; el hacinamiento como situación jurídica, en relación a las prisiones preventivas y la situación de los presos federales en las cárceles y comisarías de la provincia; y la salud de los detenidos en cárceles y comisarías, con base en el protocolo de Estambul donde se encuentran los estándares internacionales en esta materia.
Un tercer apartado reúne el relevamiento realizado en comisarías de la provincia y la situación jurídica actual de las personas que se encuentran alojadas en comisarías.
La cuarta parte temática describe, en general, a las ocho Unidades Penales de la provincia y sus respectivos anexos, con la intención de resaltar algunos logros con respecto a la prevención de la tortura y malos tratos, y recomendar estrategias de trabajo para abordar los cambios estructurales, relacionados a la adecuación total del Correccional de Menores; el Sector de Inimputables en Loreto; y otros lugares.
En las últimas partes aparece el trabajo sobre proyectos con organizaciones de la sociedad civil; actividades de formación, articulación y difusión; y convenios de cooperación.
