La investigación por el secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez sumó nuevas medidas en las últimas horas. La Fiscalía de Morón, a cargo de la causa, requirió que la Secretaría de Inteligencia (SI) -ex SIDE- intervenga cinco teléfonos cuyos titulares pertenecen «directa o indirectamente» a policías de la provincia de Buenos Aires que podrían haber aportado logística en el crimen de la menor. Las sospechas sobre la connivencia de «policías de baja jerarquía» con integrantes de la banda, que mantuvo cautiva a la niña de 11 años, motorizó la apertura de un legajo reservado para el seguimiento e intervención de tres celulares de la firma Nextel y dos teléfonos de línea. La tarea fue encomendada al máximo órgano de inteligencia del país. «El contenido de las escuchas sólo puede ser notificadas al ministro (de Justicia), a un subordinado y al fiscal del caso», explicó la fuente.
La hipótesis sobre la participación de policías de rango menor en el caso es alentada por un grupo reducido de la fiscalía de Morón, quienes señalan que «la aparición del cuerpo desnudo, probablemente lavado, y la logística para los traslados con casi dos mil policías saturando Hurlingham» son argumentos suficientes para desconfiar de integrantes de la fuerza.
Otra de las sospechas de los investigadores es que estos policías investigados habrían colaborado en la destrucción de evidencia importante para el esclarecimiento del hecho.
El dato no es menor. Cuando se intensificó la búsqueda de Candela intervinieron el distrito la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, la de Mercedes, Morón y la de San Martín. Un ejército de uniformados bonaerense fue desplegado por el distrito, pero no logró hallar indicios de la niña ni tampoco pruebas firmes de sus captores.
«¿Falló la inteligencia de la Policía que no sabía que a pocas cuadras del lugar había personajes con antecedentes por narcotráfico?», ironiza otro de los investigadores.
Hoy la Policía bonaerense es la principal herramienta con la que cuenta la Fiscalía de Morón para la recolección de pruebas. Por eso hay prudencia en profundizar la investigación en ese sentido.
«La cuestión policial del caso es seguida por el Ministerio de Justicia y Seguridad», confió a PERFIL una fuente del caso.
El viernes último, los ribetes escandalosos del crimen de Candela obligaron a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires a enviar a Morón un cuerpo de instructores especiales para ayudar en una investigación que posee más de cuarenta cuerpos, más de cincuenta testigos, y que el próximo miércoles cumplirá un mes.
Pese a que no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen, se espera que los resultados de ADN hallados en la camioneta de uno de los detenidos, Hugo Bermúdez, logren robustecer su situación procesal en el expediente y esclarecer cuál es el vínculo con los otros detenidos -el carpintero Néstor Altamirano y Gladys Cabrera-, un interrogante que desvela hasta ahora a los investigadores.
El sábado se peritaron alrededor de setenta celulares que fueron secuestrados en los distintos allanamientos realizados en el marco de la causa.
El trabajo realizado consistió en el análisis de voz, de llamadas, fotos y de imágenes de video de los diferentes aparatos para tratar de establecer a quién o quiénes pertenecen y qué grado de responsabilidad hay en cada uno de los detenidos.
El trabajo fue supervisado por el fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Tavolaro, y el juez de Garantías, Alfredo Meade.
Hasta el momento, la causa tiene nueve personas procesadas y seis detenidas, entre las que están Gladys Cabrera, la dueña de la casa de Kiernan 992, donde se comprobó que estuvo Candela tras el hallazgo de ADN de la nena, y Néstor Altamirano, quien era encargado de darle de comer al perro en la misma casa. A él un testigo de identidad reservada lo señala como la persona que, junto a su mujer y un sobrino, secuestraron a la nena.
Otro de los detenidos es Hugo Bermúdez, que está sospechado de ser el autor material del crimen de Candela y se encuentra alojado en la Alcaidía de La Plata.
A Fabián Espíndola, en cambio, se lo acusa de ser partícipe necesario, al igual que los dos últimos demorados, Fabián Gabriel Gómez y Guillermo López.