«Si me tengo que encadenar al Ministerio de Seguridad, lo voy a hacer, porque a nadie más que a mí le interesa la muerte de mi hija, una nena inocente de once años», dijo a Télam Carola Labrador, madre de Candela, apenas enterada de lo resuelto. La decisión de la sala III del tribunal implica la excarcelación de Héctor «Topo» Moreyra (44), Hugo Bermúdez (53), Leonardo Jara (34), Guillermo López (31), Fabián Gómez (42) y Alberto Espínola (31), quienes saldrían libres. A Moreyra se lo acusaba de haber contratado al resto de la banda para vengarse del padre de Candela, a Bermúdez de haber matado a la chica mediante asfixia, a Jara de haberla capturado haciéndose «el novio» y al resto de dar «apoyo logístico».
Los únicos imputados que estaban libres son Gladys Cabrera y el carpintero Néstor Altamirano (55), a quienes atribuían haber tenido en su casa a la niña mientras estuvo desaparecida.
La sala III dispuso separar de la pesquisa al juez de Garantías Alfredo Meade y recomendó al fiscal general de Morón el inmediato apartamiento del fiscal que instruyó la causa, Marcelo Tavolaro.
Meade fue reemplazado por sorteo hoy mismo por su colega Gustavo Robles, quien deberá ejecutar la libertad de los imputados.
En tanto, el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, explicó a Télam que el fallo de la Cámara decretó «la nulidad de las declaraciones de todos los imputados y, como consecuencia, todas las medidas procesales tomadas para con ellos».
Respecto de Tavolaro, dijo que debe leer todos los fundamentos del fallo para resolver si lo aparta o no del expediente.
Según Nieva Woodgate, la sala III no anuló ninguna de las medidas de prueba obtenidas en la causa, por lo que Tavolaro o un nuevo fiscal tienen que encargarse de valorarlas otra vez y evaluar si vuelve a imputar a los detenidos ahora o a otros nuevos.
Carola, la madre de la niña, cuyo abogado es Fernando Burlando, aseguró que nadie la llamó para explicarle el fallo y aseguró que está dispuesta a encadenarse al Ministerio de Seguridad bonaerense para pedir Justicia por su hija.
«Nadie me llamó, nadie me explicó nada. Siempre me entero de todo por los medios», dijo Labrador a Télam.
La madre de la víctima señaló que «acá pasó lo mismo que pasó con Poncio Pilatos, todos se lavan las manos y nadie se acuerda que mataron a una nena inocente».
«Los asesinos de mi hija están libres y van a seguir en la calle matando gente», sostuvo Labrador.
Por su parte, el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, aseguró que la comisión que analiza la investigación del crimen de Candela «va a instrumentar todas las acciones para que no haya connivencia de ningún tipo entre el delito, la Policía, la Justicia y la política».
«Cada poder debe trabajar por sí solo y el delito no puede tener la cobertura de nadie. Es necesario echar luz sobre las acciones y que esta matriz de connivencia que se advierte en algunos hechos pueda ser desentrañada por la acción institucional que corresponde a cada ámbito», sostuvo.
Mariotto formuló declaraciones en la Plata al participar de la apertura de la reunión de la Comisión creada para analizar la investigación del caso Candela.
En tanto, los abogados de algunos de los acusados se mostraron conformes con el fallo y recordaron que desde el inicio cuestionaron la investigación judicial.
«Pocas veces vamos a ver en la historia argentina una resolución que deje en libertad por un homicidio a todos los imputados», expresó el abogado Matías Morla, quien defiende a Altamirano.
Para Morla, la causa fue «pésimamente» investigada. «Si alguno fue, y yo creo que alguno fue, por el armado de causa y la incorporación de prueba falsa, es nulo todo y ahora están libres», dijo.
Por su parte el abogado Rodrigo González, representante del acusado López, explicó a Télam que el fallo fue en respuesta a una apelación presentada por él debido a la «indeterminación de la imputación» contra su asistido cuando se le dictó la prisión preventiva.
En tanto, el abogado Alberto Domínguez, defensor de Espínola, dijo que la decisión es a consecuencia de la «desprolija investigación que se armó».
«Nosotros desde un principio dijimos que era espantoso como a la investigación se la estaba dirigiendo, con testigos de identidad reservada (…) uno de los fundamentos de la Sala III fue la credibilidad que se le otorgó a gente que a todas luces se notaba que estaba mintiendo. El juez de garantías no respetó las garantías constitucionales», expresó el abogado.
Para Domínguez el fallo es «una reivindicación» para todos los defensores. «Desde hacía meses veníamos pregonando que esta causa era un mamarracho y que lamentablemente no se investigó a ciencia cierta para llegar a la conclusión de quiénes fueron los autores materiales de la muerte de esta nena», agregó.
Para el abogado de Espínola, el fiscal Tavolaro «lamentablemente compró lo que la investigación corrupta policial le llevó».