El titular del Sindicato de Camioneros y de la CGT confirmó el acuerdo paritario de un aumento del 25,5%. Ratificó el paro general de su gremio para la semana próxima, el miércoles. El sindicalista anunció que el paro actual del sector que se cumple en las destilerias «se levanta y se normaliza distribución de combustible».
Moyano anunció además un paro nacional de camioneros para el miércoles -aunque dijo que la fecha está a confirmar- y una movilización a Plaza de Mayo.
También sostuvo durante una conferencia en la sede del sindicato, que «los salarios de los trabajadores camioneros han pasado a segundo plano» y reiteró que la continuidad del reclamo por el mínimo no imponible.
Se responsabilizó también por las medidas de fuerza realizada y dijo en defensa de su hijo Pablo que «todos los que hablan es porque yo los autorizo».
La patronal y el sindicato de camioneros firmaron un aumento del 25,5 por ciento.Lo acordaron los titulares de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Luis Morales, y de la Federación Nacional de Choferes de Camiones, Hugo Moyano.
Moyano y Morales ofrecieron sendas conferencias de prensa por separado y confirmaron que acordaron hoy un incremento salarial en tres tramos del 25,5 por ciento, lo que permitió el levantamiento del paro nacional en las destilerías.
El sindicalista anunció el acuerdo y el levantamiento de las protestas que los camioneros aplicaron durante dos días y señaló que el tema salarial, a esta altura, pasó «a segundo plano».
«Aunque se acordó con el sector empresario, el aumento no servirá de nada si no se eleva el mínimo no imponible», señaló.
El incremento salarial tendrá vigencia entre el 1º de julio y el 13 de junio de 2013 y contempló una mejora del 25,5 por ciento a abonarse en tres tramos: 12,5 el mes próximo, un 7 en noviembre y otro 6 por ciento en marzo, en todos los casos no acumulativa.
«El aumento salarial convenido no será acumulativo sino que se aplicará sobre la base del haber de junio», indicó Morales.
El incremento salarial permitió destrabar el conflicto nacional, que durante dos días paralizó las tareas en la rama combustibles.
Morales explicó que «no hubo lock out patronal, porque las plantas de combustibles fueron tomadas por los trabajadores», y puntualizó que «los empresarios no son conductores de camiones sino los principales perjudicados, ya que los choferes perciben de todas formas sus haberes aunque las unidades estén paralizadas».
Respecto del reclamo de una «compensación» de 3.000 pesos reclamada por Moyano por la aplicación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y los topes de las asignaciones familiares, Morales ratificó que «no le compete» a la FADEEAC y que el tema debe ser resuelto entre camioneros y el gobierno.
«Determinar (el pago de) ganancias no es un resorte empresario», señaló el empresario, quien aclaró que el sector «se remitió de forma exclusiva al tema salarial y, finalmente, cumplió con los reclamos gremiales para contribuir a la paz social».
Morales ratificó la audiencia de partes este viernes en el Ministerio de Trabajo, prevista a partir de las 11, a fin de homologar el acuerdo rubricado esta tarde para todas las ramas.
En tanto ministros y legisladores del oficialismo criticaron la medida de fuerza dispuesta por el titular de la CGT, Hugo Moyano, quien convocó a un paro de camioneros y movilización para el próximo miércoles, y pidieron «racionalidad» al líder gremial.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, informó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordenó «ejercer todas las facultades» que posee la cartera laboral para «restablecer la normalidad y el funcionamiento sin conflictos» de las actividades afectadas por el paro del gremio de camioneros.
En diálogo con C5N, Tomada consideró «extemporánea» la desobediencia a la conciliación obligatoria, y sostuvo que «el Ministerio está habilitado para dictarla» ante la amenaza de una media de fuerza que afecte a la ciudadanía.
«Se ha desnaturalizado la negociación colectiva», sostuvo Tomada, y relató que durante las dos reuniones realizadas, y aunque faltaba mucho por revisar, se habían mejorado las ofertas por parte del sector empresario: «Si hay voluntad de consenso para de verdad resolver el problema, siempre aparece la solución».
En tanto, en diálogo con radio La Red, Tomada anunció que el Gobierno impondrá al gremio de camioneros una multa de 4 millones de pesos «por el no acatamiento de la ley, porque creemos que la ley es igual para todos».
Por su parte, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, denunció penalmente al presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Luis Morales, por violación de la ley de Soberanía Hidrocarburífera en el paro de camioneros.
Presentada ante el juez federal Julián Ercolini, la denuncia alcanza al titular de Fadeeac, otros dirigentes del sector «y toda otra persona que surja como responsable», precisa el escrito presentado por De Vido con el patrocinio letrado de Rafael Llorens y Martín Etchart.
En cuanto a los hechos reprochados, el escrito afirma que durante el paro del Sindicato de Camioneros los empresarios denunciados «cortaron toda comunicación» con funcionarios ministeriales, que los llamaban por teléfono «con el fin de concretar lo comprometido» para asegurar el abastecimiento de combustible.
«Estamos ante una medida de fuerza autoritaria e ilegal, una suerte de lock out patronal, y si este desquicio se extiende en el tiempo vamos a tener problemas en nuestros propios hogares», enfatizó el ministro.
A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, señaló que «no hay derecho ejercitable en el país si no hay circulación ni transporte» y destacó que «el único que pierde con estas medidas es el país y toda su gente».
En un comunicado, Domínguez precisó que «es el pueblo argentino el que termina siendo víctima y rehén de las paritarias no resueltas por el gremio de camioneros en la órbita institucional del ministerio de Trabajo».
En tanto, el jefe del bloque oficialista en el Senado, Miguel Pichetto, opinó que el paro de los camioneros «es un hecho muy grave, lamentable y desestabilizante, con un evidente componente político en el reclamo».
«Los derechos de los trabajadores tienen que ser defendidos dentro de los carriles de la legalidad y lo que éste gobierno propicia desde hace muchos años, que es la discusión paritaria, legítima, en el ámbito del ministerio de Trabajo», enfatizó, y llamó a que primen «la racionalidad y la responsabilidad».
En consonancia, el ministro de Salud, Juan Manzur, instó a los camioneros a volver a la «racionalidad y la cordura» y consideró «fuera de la ley» al conflicto.
Manzur, de visita en Córdoba, dijo que con los paros «se está poniendo en riesgo también la prestación de servicios esenciales como la salud», ante la falta de suministro de combustibles a ambulancias y aviones sanitarios.
También el senador kirchnerista Aníbal Fernández se refirió al tema y aseveró que el Gobierno «no ha cambiado en su forma de pensar desde mayo de 2003» y señaló que Moyano «ha encontrado una razón para cruzarse de vereda» y «dejar de lado un proyecto que comprende integralmente a los trabajadores».