La decisión del Congreso de abrir proceso de juicio político al presidente, el anuncio de que no renunciará y se defendará este viernes ante los legisladores, el respaldo de miles de militantes en las calles y el firme apoyo de la Unasur marcaron una compleja jornada en Paraguay. El anuncio del opositor Partido Colorado de que promovería juicio político a Lugo por su responsabilidad en la muerte de 17 personas, el viernes, durante el desalojo de una hacienda ocupada, se materializó el jueves en la Cámara de Diputados, donde ese mecanismo fue aprobado por una abrumadora mayoría.
Los 76 votos a favor del juicio -sobre un total de 80- evidencian también la ruptura absoluta de la alianza gobernante, porque el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se unió a las demás fuerzas opositoras, hecho que derivó luego en la renuncia de los cuatro ministros liberales que integraban el gabinete de Lugo.
Si la discusión en Diputados sorprendió por lo breve, otro tanto pasó en el Senado, donde se armó un curioso cronograma: los acusadores fueron citados para esta misma tarde, y mañana se sucederán la evaluación de pruebas, los alegatos y la sentencia, todo en no más de tres horas y media, según lo votado.
Aprobado el inicio del proceso, Lugo designó a su asesor jurídico, Emilio Camacho, como jefe del grupo de especialistas que lo defenderá y apareció en televisión para advertir que la voluntad del pueblo expresada en las urnas recibía «un ataque inmisericorde de sectores opuestos siempre al cambio» y denunciar que se buscaba «interrumpir un proceso histórico a sólo nueve meses» de las próximas elecciones generales.
«Nuestros logros en el ámbito social generan una reacción de sectores que siempre vivieron del privilegio y jamás quisieron compartir la prosperidad con el pueblo y en esta difícil hora le expreso a la comunidad nacional que sabré honrar el juramento dado el 15 de agosto de 2008», afirmó.
En esa misma línea, remarcó que puso todo su empeño para «lograr un país mejor y no existe causa valedera ni jurídica, ni política» que lo empuje a la renuncia. «Amo al pueblo paraguayo, vine de él y continuaré trabajando por la causa de las grandes aspiraciones populares», concluyó.
Aunque dentro del PLRA ya había sectores que se oponían a Lugo, hoy el voto de las bancadas fue unánime y dio paso a la salida del gabinete de los ministros de Agricultura y Ganadería, Justicia y Trabajo, Educación, e Industria y Comercio, todos liberales.
Lo discutido en el Congreso empujó a las fuerzas agrupadas en el Frente Guasú, la coalición luguista de centroizquierda, a convocar a militantes y seguidores a defender en las calles al presidente y rechazar lo que consideró «un intento de golpe de estado».
Paradójicamente, varias organizaciones de campesinos y sin tierras, entre ellas la Liga Nacional de Carperos, protagonista de los trágicos sucesos del viernes en Curuguaty, llamaron a sus bases a manifestarse en todo el país en defensa del gobierno.
Partidos de izquierda y organizaciones sociales y gremiales se concentraban alrededor del Congreso, y lo mismo hacían otros grupos favorables a la salida de Lugo del palacio de López, lo que obligó a un fuerte operativo de seguridad para evitar choques.
De fondo, algunos medios publicaron en sus sitios de internet versiones sobre «aprestos militares» como pasos previos a una eventual intentona golpista, lo que fue desmentido por el ministro de Información y Comunicaciones, Augusto Dos Santos, primero, y por la propia Comandancia de las Fuerzas Armadas después.
En su cuenta de Twitter, Dos Santos advirtió que los rumores se lanzaron «con mala fe», que esos aprestos son «absolutamente falsos» y que únicamente se buscaba «sembrar inquietud en la población de modo totalmente irresponsable».
Las Fuerzas Armadas, en tanto, difundieron un comunicado en el que afirmaron que ajustarán su conducta a «la Constitución y las leyes», y dejaron claro que «se mantienen dentro de su función específica, respetando el ordenamiento constitucional y democrático vigente».
La delicada situación motivó también una urgente reunión de la Unasur en Río de Janeiro, donde se llevaba a cabo la cumbre ambientalista Rio+20, encuentro en el que el bloque regional respaldó al mandatario y dispuso el envío de una comisión de cancilleres.
La decisión del Congreso de abrir juicio político se apoya en el artículo 225 de la Constitución paraguaya -de junio de 1992-, que habilita ese mecanismo «por mal desempeño de sus funciones» del presidente de la república.
Para que Lugo sea destituido se necesita el voto de dos tercios de los 45 integrantes del Senado, una cifra que la oposición logra con comodidad. Si el presidente fuera separado del cargo, deberá asumir el vice, el liberal Federico Franco, enfrentado a Lugo desde meses después de la asunción.
Las elecciones presidenciales están programadas para abril del año próximo y Lugo debería entregar el gobierno en agosto.