Un proyecto de ley que modifica el Código Penal y sanciona con hasta cuatro años de cárcel a quienes corrompan a niños y adolescentes tras haberlos contactado vía Internet podría ser debatido este año en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Es que la comisión de Legislación Penal de ese cuerpo, que preside el diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), aspira a firmar dictamen mañana de una iniciativa que penaliza el «ciberhostigamiento o grooming» y habilitar así su debate.
La norma, de autoría de la diputada Paula Bertol (PRO), introduce en el Código Penal el artículo 125 ter, que fija «reclusión o prisión de seis meses a cuatro años» a los adultos que obtengan «concesiones de índole sexual» de niños o niñas menores de 13 años, mediante el uso de «cualquier tecnología de información o comunicación».
«Los delincuentes que intentamos frenar con este proyecto usan las nuevas tecnologías y redes sociales para crear relaciones de falsa amistad, confianza y empatía con menores de edad para luego llegar al contacto físico y al abuso», reflexionó Bertol, en diálogo con Télam.
Uno de los referentes del oficialismo en la comisión, el diputado Héctor Recalde, en declaraciones a Télam, se pronunció «de acuerdo» con la propuesta y argumentó que «todo lo que tienda a proteger a los niños de influencias nocivas» contará con su «apoyo».
Para su compañera de bancada, Diana Conti, «las reformas al Código merecen un debate más profundo que las que pueden darse de apuro en un cierre de año parlamentario».
Con todo, Conti consideró que el Código Penal «perdió su sistematicidad» y debería «recuperarla urgentemente» a través de una «reforma integral».
El proyecto reprime además «con prisión o reclusión de seis meses a tres años» a quienes cometan el mismo delito con adolescentes menores de 16 años y «mediare el engaño, la violencia, la amenaza, el abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción».
«La idea es darle menos discrecionalidad al tema, más herramientas a la justicia para operar rápidamente y actualizar el Código», explicaron a Télam desde las oficinas del diputado Vega.
Si bien la normativa argentina no contempla la figura del «ciberhostigamiento», en el 2008 la reforma del Código Penal incorporó los «delitos informáticos», que tipifican la divulgación de pornografía infantil, la violación de comunicación electrónica y el fraude o sabotaje informático, entre otras cuestiones.
Voceros de la comisión explicaron que el proyecto busca conceptualizar aquellas acciones «encaminadas y destinadas a tomar contacto y ganar confianza por medios electrónicos con un menor de edad con el fin de obtener una satisfacción sexual», lo que «puede lograrse por medio virtual (sin llegar a estar en contacto físico) o en forma presencial de ambas personas».
Según datos de abril de este año de la consultora internacional ComScore, dedicada a mediciones del mundo digital, 13 millones de adolescentes y jóvenes de más de 15 años en Argentina acceden a Internet desde su hogar o lugar de trabajo y consumen un promedio de 26,9 horas online mensuales.
Además, según ese informe -que no incluye las visitas realizadas desde lugares públicos o telefonía móvil- Argentina se ubica en el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a tiempo consumido en Facebook.
Esos registros señalan también que «hombres y mujeres componen en partes iguales la población online» y que los usuarios de Internet de entre 15 y 34 años «representan casi un 60 por ciento de todo el tiempo consumido online» en Argentina.
Fuentes de la División de Delitos en Tecnologías de la Policía Federal advirtieron que «no hay datos estadísticos» sobre la problemática, básicamente porque «son mínimas las denuncias» de este tipo que se hicieron en los últimos dos años.
En ese sentido, las fuentes celebraron el tratamiento del proyecto porque «seguramente motivará a la gente a denunciar, lo que sumado a la puesta en marcha de campañas de concientización servirá para ponerle un freno al problema».
Este año la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) instó a la comunidad internacional a implementar una estrategia concertada para combatir el abuso infantil por Internet, «un atropello que crece rápidamente a medida que el acceso a la red se amplía».
