Apenas conocida la existencia de un DNU que liquidaba las transferencias a trece provincias que conservan sistemas jubilatorios propios, varios gobernadores exhibieron su desazón por la medida e incluso provincias como Misiones están decididas a judicializar el asunto. El libertario José Luis Espert salió rápidamente a argumentar a favor del recorte. A 24 horas de socializarse el enojo de los mandatarios la oficina del presidente aseguró que se trataba de una noticia falsa y recomendaba a los medios (a todos) a verificar las fuentes. El cada vez menos creíble ministro Guillermo Francos salió también a tratar de poner paños fríos en la compleja relación con los gobernadores.
El origen de la información «falsa»
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 280/24, el gobierno de Javier Milei le dio «marco jurídico» a parte del recorte de las llamadas «transferencias discrecionales» a provincias, que ya venían verificando las cuentas de varias jurisdicciones. Y son varios miles de millones de pesos menos.
La publicación en el boletín oficial de esta medida no significa un nuevo recorte sino la consolidación -cuestionable- de lo que ya viene sucediendo desde enero. La supresión del Fondo Nacional de Incentivo Docente, de fondos para Salud o comedores escolares, son parte de «la motosierra» que el libertario aplicó a los estados subnacionales. Sólo el programa Hora 25 se salva en parte de esos ajustes.
¿Puede unilateralmente el presidente, por decreto, hacer los recortes? En el caso de la compensación por el rojo previsional, es una obligación nacional. Desde 1992, el gobierno central recibió cajas jubilatorias de 11 provincias que no podían pagar los haberes, por lo que se hizo cargo la Anses. Por ley 25235, el Estado nacional se obligó a «compensar» proporcionalmente a aquellas 13 provincias que no transfirieron sus sistemas jubilatorios.
En 1999, por ley 25235, se dispuso que el Estado nacional financiaría con Rentas Generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, siempre y cuando «armonizaran» sus haberes con los de la Anses, cláusula que pasó de inconveniente a imposible cumplimiento.
En 2016, la ley nacional 27260 hizo un nuevo intento por acuerdos para «compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional en cuanto al financiamiento que será atendido por el presupuesto nacional». En 2018, la ley 27.431(acuerdo de Macri con gobernadores) dejó el cálculo en manos de la Anses, con algunas garantías a las provincias.
La ley de presupuesto 2023 que Milei prorrogó para gobernar este año, establecía en su artículo 92 que «la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas».
A su vez, cada anticipo mensual debía incluir su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). «Para calcular dicha actualización se considerará la variación del índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit, provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la cuota».
Pero además, en su artículo 93, la misma norma disponía que «una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos. La diferencia resultante se actualizará considerando la variación del índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) entre el mes de julio del año que se está cancelando y el mes anterior al del pago».
Esos dos artículos, junto a la eliminación del fondo del transporte, ya estaban incumplidos -incluso antes de la gestión Milei- y son los que ahora el presidente deja sin efecto mediante el DNU 280/24.
Es llamativo que algunas provincias hayan reaccionado recién ahora, con el decreto, cuando los recortes para el caso de la compensación del déficit previsional se verifican desde principios de año. Javier Milei pone la obligación nacional «en la licuadora» con el decreto, y deja que avance un conflicto en el las provincias tienen buenos argumentos legales, pero que no se podrán imponer sino mediante acuerdos políticos (la presión nacional de cara a la ley de Bases) o disputas judiciales que llevarían años.
En el contexto del reclamo de las provincias al Gobierno nacional por las transferencias para el pago de jubilaciones especiales, Javier Milei directamente suspendió los giros que realizaba Anses a las cajas, lo que disparó los reclamos. La medida quedó plasmada en el DNU publicado en el Boletín Oficial el pasado miércoles, mediante el que se dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023.
Esta decisión fue defendida por el diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien afirmó que las provincias “tendrán que bajar el gasto público provincial para cerrar las cuentas fiscales como lo hace la Nación”. Y lanzó: “A quejarse menos y meter motosierra”. El mensaje de Espert fue reposteado por el Presidente.
Leo a algunos gobernadores con quejas al gobierno nacional por la caída de la coparticipación. Ésta es una transferencia automática desde AFIP a las cuentas de las Pcias en el BNA. El gobierno de @JMilei ni las ve, no tiene nada que ver en la caída. Si caen, es en términos reales…
— José Luis Espert (@jlespert) March 30, 2024
Estas transferencias por las cajas jubilatorias especiales son una de las cartas que se reserva el Ejecutivo para negociar con los gobernadores, dado que es una cifra que asciende a unos 5.600 millones de dólares.
Esta deuda, hasta que no se salde la discusión, deberá ser absorbida por los tesoros provinciales.
La medida impacta en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.
Pero ahora es otra la historia
El ministro del Interior, Gillermo Francos, ahora afirma que no se van a recortar los fondos para jubilaciones de las provincias.
Las expresiones del funcionario nacional se produjeron luego de que el Gobierno decidió eliminar a través del DNU 280/24 las transferencias que la ANSES realizaba a las cajas de jubilaciones que todavía están en control de 13 provincias: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.
“Las partidas están, se reasignaron a temas de partidas provinciales. Hay dos problemas históricos, el stock de la deuda que no es responsabilidad de este gobierno. Son deudas contraídas hace muchos años, de un monto difícil de clarificar porque hay auditorias pendientes”, aseguró Francos en declaraciones radiales.
En este sentido, el funcionario aclaró: “Hay algunas provincias que deben y hay otras provincias a las que se les debe. Pero, para clarificar y que no se haga una bola de nieve con un tema que no es real, las partidas dinerarias que estaban en el presupuesto de 2023, que es el que se prorrogó este año y cuyas partidas se actualizaron ahora, están, o sea, con diferencias de nominación, pero los montos están previstos”.
Francos sostuvo, a su vez, que está previsto que el dinero llegue a través de «otras partidas» que el Gobierno tiene pensado enviar a las provincias. “Lo único que está en discusión, y que siempre estuvo en discusión, es cuáles son los montos a transferir que es lo difícil”.
“Nación le debe a varias cajas provinciales, algunas han judicializado el tema y hay algunos amparos previstos, pero lo que no está definido es el monto a transferir. Pero quedémonos tranquilos con esto”, clarificó.
“Lo que es legal, lo que está por ley no se va a dejar de reconocer. Solamente que para pagarlo tiene que estar claro qué es lo que se paga, a veces hay exageraciones de lo que se plantea como demanda de transferencia. Y es una obligación del funcionario público que tiene que ordenar la transferencia saber qué está habilitando”, explicó Francos.
Las expresiones del funcionario nacional se produjeron luego de que el Gobierno decidió eliminar a través del DNU 280/24 las transferencias que la ANSES realizaba a las cajas de jubilaciones que todavía están en control de 13 provincias.
Dicha iniciativa generó el rechazó de los gobernadores afectados, que en algunos casos decidieron judicializar la medida adoptada por el Gobierno nacional.
La Oficina del Presidente habla de «noticia falsa»
El gobierno, a través de la Oficina del Presidente de la República Argentina, expresó hoy que “el crédito presupuestario contemplado en la ley de Presupuesto para las transferencias a las cajas previsionales provinciales de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) no ha sido eliminado”.
Salió así al cruce de “información que circuló en el día de hoy por algunos medios” afirmando que se habían recortado esos fondos a 13 provincias argentinas “es falsa”.
En verdad, el gobierno dispuso un proceso de auditoría de los reclamos recíprocos de deudas entre Nación y las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación y reciben en virtud de ello fondos de Nación para complementar los pagos jubilatorios.
“Una vez culminado el proceso de auditoría que se está llevando a cabo a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el Estado Nacional cumplirá en abonar los montos que correspondan a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación”, dice uno de los párrafos del comunicado oficial.
El comunicado de la oficina del Presidente explica: “en tiempos de crisis como la que hemos heredado, y en el marco de un esfuerzo heroico que la sociedad argentina está haciendo para salir adelante, es fundamental que los medios de comunicación se informen debidamente o chequeen la información antes de publicar “primicias” falsas que pueden alertar y/o angustiar a la población”.