La hipocresía libertaria: un proceso plagado de irregularidades
El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, expuso públicamente en un posteo las irregularidades que encontraron. Según él, el proceso de auditorías de la ANDIS se llevó a cabo con una serie de faltas que evidencian la improvisación y la falta de seriedad. Entre las irregularidades que denunció se encuentran:
Sellos y firmas de médicos falsificados.
Trámites recibidos por militantes políticos, no por profesionales de la salud.
Comprobantes de recepción de trámites sin membrete ni validez legal alguna.
Personas con discapacidad atendidas en lugares indignos, como un restaurante abandonado.
Auditorías realizadas sin notificar, dejando a las personas sin posibilidad de presentar estudios.
Bajas automáticas, sin instancias de defensa ni revisión.
Derechos vulnerados a quienes más necesitan su pensión, que es su único y magro ingreso.
El gobierno nacional argumenta que estas auditorías buscan eliminar «pensiones truchas», pero la realidad documentada es que sus operativos no son ni serios ni profesionales. Se realizan sin médicos, con sellos falsos, sin notificar a los afectados y sin dar lugar a una instancia de defensa. Es una burla a la dignidad de las personas con discapacidad y a sus familias, que en muchos casos han tenido que asistir en ambulancia, solo para ser atendidos en condiciones indignas y por personas sin la menor preparación.
La Justicia Federal tiene ahora la palabra final. Mientras tanto, en Misiones y en todo el país, las personas con discapacidad se enfrentan a un gobierno que, en nombre del ajuste, está dispuesto a pisotear sus derechos más básicos y a poner en riesgo sus vidas. La «motosierra» de Milei no solo recorta gastos, también recorta dignidad, respeto y humanidad.
Deshumanización y caos: un escándalo documentado por escribano
El escándalo de las auditorías no era un simple rumor. Ha sido documentado de manera fehaciente por un escribano a pedido del Consejo Provincial de Discapacidad. En un panorama desolador, la coordinadora del Consejo, Tatiana Antúnez, constató la perversidad del proceso: militantes de La Libertad Avanza, sin ninguna formación en salud, actuando como supuestos profesionales y atendiendo a personas con graves afecciones en espacios indignos, como un restaurante abandonado o, incluso, a la intemperie. La desorganización de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es tal que se emitieron comprobantes con sellos falsificados y firmas de médicos que jamás estuvieron en el lugar.
La desfachatez llegó a tal punto que se descubrió el uso de un sello médico falsificado de un cardiólogo de Pergamino, provincia de Buenos Aires. El médico en cuestión, Leandro Peñaloza, con 54 años de ejercicio, se vio obligado a denunciar penalmente la usurpación de su identidad profesional. «En 54 años de ejercicio de la medicina, es la primera vez que me pasa algo así», declaró, desmintiendo cualquier vínculo con el partido gobernante y dejando en evidencia la naturaleza criminal del operativo.
El atropello como política de Estado: el calvario de las familias misioneras
El costo humano de esta «motosierra» es incalculable. En Candelaria, por ejemplo, el caso de doce personas con graves discapacidades, como retraso mental, síndrome de Down, epilepsia y paraplejia, demuestra la deshumanización de esta política. Todos ellos perdieron su única fuente de ingresos de la noche a la mañana, sin notificación alguna.
La referente de la institución que los asiste, Amanda Álvarez, señaló que esta pensión no es solo dinero, es la llave para acceder a medicamentos y prestaciones de salud vitales. La falta de respeto y la vulneración de derechos es total, y deja a las familias en la más absoluta desesperación. El gobierno provincial de Misiones, al no encontrar interlocutores válidos a nivel nacional, se vio obligado a presentar un amparo judicial para detener estas «auditorías irregulares», buscando proteger a sus ciudadanos de un gobierno que parece disfrutar de su crueldad.