El conflicto expone una vez más las falencias del gobierno central en su manejo de las políticas sociales y los derechos de las personas con discapacidad.
El gobierno de la provincia de Misiones ha llevado el conflicto con la Nación a la Justicia. A través de un amparo judicial, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli anunció que buscan frenar las «auditorías y bajas irregulares» de pensiones no contributivas realizadas por la ANDIS.
Esta medida, que se tomó después de agotar las instancias de diálogo con la Nación, busca retrotraer las suspensiones y garantizar que los futuros controles se realicen con la transparencia y el respeto que las personas con discapacidad merecen. La provincia argumenta que los procedimientos de la ANDIS han sido llevados a cabo de manera irregular y sin notificaciones adecuadas, dejando a muchas familias sin su principal, o único, sustento económico.
La deshumanización de las auditorías: militantes en lugar de médicos
Las denuncias desde Misiones revelan una realidad preocupante. Se ha reportado que las auditorías para personas con discapacidad se están realizando en lugares como un restaurante abandonado en la localidad de San Ignacio. Lo más grave, según los denunciantes, es que los encargados de llevar a cabo las evaluaciones no son profesionales de la salud, sino jóvenes militantes libertarios que provienen de Buenos Aires. Estos auditores, que no cuentan con conocimientos ni experiencia en la materia, llegan con planillas ya firmadas por médicos, lo que pone en duda la veracidad y la seriedad de todo el proceso. Esto no solo es un acto de negligencia, sino que también deshumaniza y vulnera los derechos de las personas que dependen de estas pensiones.
Reorganización interna y escándalos de corrupción
Este nuevo escándalo en la ANDIS ocurre en un contexto de profunda crisis en el organismo. La situación se agrava con los audios filtrados del ex director, Diego Spagnuolo, quien fue removido de su cargo.
En estas grabaciones, Spagnuolo no solo acusa a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, de tener un manejo «desprolijo» del organismo, sino que también la crítica duramente: “Karina es una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿cómo hacés?”. Además, el exfuncionario apunta a la existencia de una supuesta «repartija» entre droguerías y cuestiona la decisión de sueldos de los funcionarios, revelando una trama de corrupción que el mismo presidente ultraderechista Javier Milei ha intentado ocultar.
Las consecuencias de una gestión descontrolada
La intervención de la ANDIS, ordenada por el decreto 601/2025 del presidente ultraderechista Javier Milei, tenía como objetivo garantizar una gestión «ágil y transparente». Sin embargo, los hechos en Misiones y las filtraciones de audios demuestran que la situación está lejos de ser controlada.
El nombramiento del médico Alejandro Alberto Vilches como interventor no ha logrado frenar las irregularidades, y la decisión del gobierno de Misiones de recurrir a la Justicia Federal es una señal clara de que la conflictividad va en aumento. Los sectores más vulnerables de la sociedad están pagando el precio de una gestión marcada por la inexperiencia, el desinterés por el bienestar social y la corrupción, mientras que el gobierno ultraderechista de Milei se mantiene impune.