En un período de apenas seis meses, se registraron 102 ataques violentos motivados por el odio a la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas. Este número representa un aumento alarmante del 70% en comparación con el mismo lapso del año anterior, evidenciando un contexto de profunda vulnerabilidad y violencia que se agrava.
Las Víctimas y la Brutalidad de los Ataques
El informe, elaborado por la Defensoría LGBTQI+ junto a la Federación Argentina LGBTQI+ y organismos públicos, detalla que las mujeres trans son las principales víctimas, constituyendo el 70,6% de los casos. Le siguen los varones gay cis con el 16,7% y las lesbianas con el 6,9%.
La crueldad de las agresiones es impactante: la mayoría de los casos (83,3%) corresponden a lesiones a la integridad física, que incluyen golpes, puñaladas, abusos sexuales, disparos y privación ilegítima de la libertad. Lo más devastador es la cifra de 17 muertes directas como consecuencia de esta violencia de odio, abarcando asesinatos, muertes evitables derivadas de la exclusión estructural y suicidios.
La Responsabilidad Estatal: Un Escenario Alarmante
El informe denuncia con contundencia que la violencia institucional no solo es una constante, sino que el 54% de estos hechos ocurrieron en contextos de encierro institucional, como comisarías y cárceles, lugares donde el Estado debería garantizar la seguridad y los derechos de las personas.
Aún más grave, el documento subraya que en el 64,7% de los casos, el Estado fue el responsable directo de la violencia, ya sea por acciones explícitas de las fuerzas de seguridad o por la omisión y desidia de otras instituciones públicas.
El Observatorio lanza una dura advertencia: los discursos de odio emanados desde el Poder Ejecutivo, incluyendo los del propio Presidente de la Nación, no son meras palabras; actúan como un combustible que alimenta el estigma social y se traduce en represión concreta contra las personas LGBTQI+. Se citan como ejemplos los maltratos sistemáticos en el penal de Sierra Chica y los operativos policiales represivos contra trabajadoras trans en espacios públicos.
Urgente Demanda de Justicia y Protección
El documento concluye con un llamado desesperado a la acción: exige que los crímenes de odio sean tipificados como tales por la Justicia y que se apruebe de forma urgente una nueva Ley Nacional contra la Discriminación, un proyecto que actualmente se encuentra en estado parlamentario y cuya demora se vuelve cada vez más crítica ante este escenario de violencia.
En una declaración final contundente, el Observatorio manifestó: “No podemos permitir que el odio se convierta en doctrina oficial ni que la violencia se naturalice. La violencia institucional es hoy una de las principales formas de disciplinamiento social hacia la diversidad sexual”. La gravedad de la situación demanda una respuesta inmediata y efectiva por parte de todas las esferas del Estado y la sociedad.