La decisión fue oficializada a través de la Circular Nº 02/2025 de la Dirección Verificación del Automotor de la Policía de Misiones. Este aplazamiento de cuatro meses es un alivio significativo para aquellos conductores que no tenían el trámite al día, ya que les otorga tiempo extra para regularizar su situación sin afrontar las penalidades económicas que estaban a punto de implementarse. Hasta hace pocas horas, la inminente aplicación del recargo mantenía en vilo a muchos automovilistas.
Según la circular firmada por el comisario general Luis María D’Achary, durante este período las plantas verificadoras no aplicarán el adicional por mora, una medida que ya había sido comunicada incluso en la cartelería oficial de varios talleres.
Antecedentes de una Medida Polémica
El 30 de junio pasado, el Ministerio de Gobierno había dispuesto que los talleres de VTV aplicarían un recargo del 35% sobre la tarifa del servicio en los casos donde el trámite estuviera vencido, sumado a un aumento del 30% en la tarifa base.
La normativa original establecía una tolerancia de diez días corridos desde la fecha de vencimiento. Superado ese plazo, el recargo sería del 35% por cada trimestre de atraso: tres meses implicaban un 35% extra; seis meses, un 70%; y así sucesivamente.
Ante este anuncio, varias plantas verificadoras comenzaron a advertir a los conductores sobre la inminente aplicación del régimen, lo que en los últimos días había disparado las consultas y la demanda de turnos, y consecuentemente, el creciente malestar entre los ciudadanos que se veían afectados por la nueva exigencia económica.
Lo que se Viene en Diciembre
Salvo nuevas disposiciones, el esquema de recargos comenzará a regir el 1º de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, quienes se presenten con más de diez días de vencimiento en la VTV deberán abonar un 35% adicional por cada trimestre de demora, calculado sobre la tarifa vigente al momento del trámite, acumulándose según el tiempo transcurrido.
Esta medida forma parte del sistema provincial destinado a garantizar el cumplimiento de la normativa vial y a reforzar la seguridad en la circulación de vehículos. Sin embargo, su implementación escalonada parece buscar mitigar el impacto económico directo sobre los conductores.