La estrategia oficial para sostener este decreto parece basarse en la parálisis deliberada de las instituciones de control, ya que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo aún no ha sido constituida. Esta inacción, denunciada por la oposición ante las autoridades de ambas cámaras, funciona como un mecanismo de dilación que permite que la norma siga vigente sin haber pasado por el filtro constitucional obligatorio de diez días hábiles. Para diversos sectores, este bloqueo no es accidental, sino una maniobra para evitar que el Congreso le ponga un freno a la construcción de un aparato de espionaje que, bajo la retórica de la «libertad», fortalece el secretismo y la persecución potencial.
Desde el punto de vista parlamentario, la resistencia crece con fuerza y ya se contabilizan al menos 122 legisladores listos para volcar sus votos en contra del decreto. La oposición advierte que no permitirá la consolidación de una fuerza de inteligencia que pueda actuar fuera de los límites legales, recordando el antecedente reciente donde el Congreso ya rechazó la ampliación de fondos reservados para la SIDE. Este rechazo masivo refleja una preocupación profunda: que la acción libertaria esté buscando normalizar procedimientos de excepción y facultades represivas que recuerdan a las épocas más oscuras de la historia institucional argentina.
La batalla no solo es política, sino también judicial, con presentaciones impulsadas por el CELS y referentes de la UCR y la Coalición Cívica que exigen la nulidad del decreto por su manifiesta inconstitucionalidad. Los críticos señalan que Javier Milei, el presidente ultraderechista, no ha logrado justificar la «necesidad y urgencia» para reformar el sistema de inteligencia de manera unilateral, salteándose el debate parlamentario. El temor a una policía secreta libertaria se fundamenta en la falta de transparencia de los nuevos protocolos y en la posibilidad de que estas herramientas se utilicen para el control social y político en un contexto de creciente conflictividad.
Con el reloj en marcha y la presión judicial en aumento, la disputa por el control de la inteligencia nacional se encamina a ser el primer gran choque institucional de 2026. La capacidad del Congreso para sesionar y rechazar este DNU será la prueba de fuego para determinar si el sistema republicano puede limitar la ambición de un Ejecutivo que intenta gobernar por decreto. Mientras tanto, la sociedad observa con inquietud cómo se reordenan las estructuras del espionaje estatal, en una movida que parece priorizar el blindaje del poder oficialista por encima de las garantías individuales y la seguridad democrática.